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El juez ingresó en la carrera judicial en 1981 y ha ejercido en la Audiencia Nacional desde 1988

El juez ingresó en la carrera judicial en 1981 y ha ejercido en la Audiencia Nacional desde 1988

> La detención de Pinochet, el cerco al entorno de ETA y la persecución de los GAL, las decisiones clave del juez estrella

viernes 14 de mayo de 2010, 16:10h
Baltasar Garzón Real, suspendido este viernes de sus funciones como juez para ser juzgado por el Tribunal Supremo de un delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, ingresó en la carrera judicial en 1981 y ha ejercido como magistrado instructor de la Audiencia Nacional desde 1988.
Garzón, segundo de una familia de cinco hermanos, nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979, asumió su primer destino en el juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino.

  Su desembarco en la Audiencia Nacional se produjo el 29 de enero de 1988, fecha desde la que asumió el Juzgado Central de Instrucción Número 5. En sus primeros años en el tribunal centró su labor en la lucha contra la banda terrorista ETA, siendo el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a etarras, y la persecución del narcotráfico gallego, lo que comenzó a darle notoriedad gracias a operaciones como la 'Nécora'.

Paos a la política y vuelta a la Audiencia

En 1993, Garzón hizo un paréntesis en su carrera judicial y aceptó el encargo de Felipe González para entrar en política como número dos de las candidaturas del PSOE por Madrid. Tras las elecciones, que el líder socialista ganó tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción, Garzón fue nombrado secretario de Estado del Plan Nacional contra las Drogas.

  Decepcionado por su paso por la política, se reincorporó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994, donde comenzó a investigar el terrorismo de Estado de los GAL por el que fueron condenados el ex ministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

   En 1998 el magistrado saltó a la fama internacional cuando ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet cuando se encontraba realizando una visita médica a Londres. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la cárcel de Guantánamo o países como China, Ruanda o Guatemala.

Cerco al entorno a ETA

  Convertido ya en juez estrella, Garzón inició entonces el cerco al entorno de la banda terrorista ETA, con sumarios como los instruidos contra EKIN, KAS y XAKI (18/98) --las "entrañas" de la banda, según la sentencia de la Audiencia Nacional--, Batasuna y sus 'herriko tabernas' (35/02) y las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y SEGI.

  Después de que en 2002 se promoviera su candidatura al Premio Nobel de la Paz, el juez decidió en 2005 abandonar la Audiencia Nacional y trasladarse a Estados Unidos para dirigir dos cursos en la Universidad de Nueva York financiados por el Banco Santander. Su decisión de no abstenerse en el archivo de una querella presentada contra esta entidad motivó la apertura de la segunda querella contra el juez por parte del Tribunal Supremo.

   Tras su vuelta a la sede judicial, que se produjo en 2006, Garzón investigó al aparato de extorsión de ETA y la pieza que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, abrió sobre el chivatazo que se habría producido en el bar 'Faisán' de Irún durante una operación policial desarrollada en pleno alto el fuego de la organización.

Memoria histórica y Gürtel

  Después de avalar con sus resoluciones el proceso de paz emprendido por el Gobierno, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, para lo cual llegó a pedir certificados de fallecimiento de Francisco Franco y de los ministros de sus primeros gobiernos.

  En 2009, el magistrado destapó la trama de corrupción 'Gürtel', en la que están imputados ex altos cargos y alcaldes del PP madrileño y el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Las escuchas que ordenó a los cabecillas de la red en prisión le valieron la admisión a trámite de la tercera querella que Garzón tiene pendiente en el Supremo.
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