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República y Monarquía

La Monarquía es una figura relacionada con la etapa medieval en que el Rey -un Primus inter pares- era quien simbolizaba y garantizaba un sistema social piramidal, en que la clase noble vivía lujosamente a costa de la expropiación/apropiación de las tierras y el trabajo esclavo de los vasallos. Las sucesivas revueltas populares, que esencialmente reclamaban tierra y libertad, fueron delimitando el poder de la Monarquía y la nobleza, y la obligaron a realizar concesiones de derechos y libertades al pueblo para poder mantener la misma estructura piramidal. Una estructura, que se mantenía mediante la represión explícita o implícita y en que la Iglesia jugó un papel fundamental. En varios aspectos, desde el control social a través de la confesión hasta el adoctrinamiento mental y social a través de los pervertidos conceptos del bien y el mal/Cielo e Infierno, pasando por la propia represión de los y las progresistas mediante la Inquisición de las hogueras, donde, por ejemplo, se quemaban a las feministas bajo el eufemismo de brujas. La Revolución Francesa de 1789 y la proclamación de la República supone una importante ruptura en este esquema. La expansión de los valores republicanos por toda Europa provocará importantes cambios sociales y políticos. Ciertamente esta expansión se produjo a sangre y fuego por las tropas napoleónicas, de la misma manera que hoy Occidente lleva los valores “democráticos” a Afganistán. La resistencia a la ocupación francesa es protagonizada por un pueblo que se rebela contra la opresión. Y no sólo contra la francesa. No en vano, el regreso de la Monarquía será condicionado a la aceptación de la Constitución de 1812. Esa que el Estado español conmemorará el año que viene en su Bicentenario. Curiosamente, la expansión de los valores de libertad pondrá en cuestión uno de los dogmas de la propia Constitución española: la unidad de una patria que incluía las colonias de ultramar. Y así, desde la proclamación de La Pepa se irán sucediendo a lo largo de todo el siglo XIX la independencia de unos países latinoamericanos, cuyas fronteras y administración se definirán paradójicamente en base a estructuras coloniales vasallas de la Corona española, más que por la delimitación histórica y cultural de los pueblos indígenas. Paralelamente a los procesos de independencia de las colonias, en la metrópolis se sucedieron levantamientos populares durante el siglo XIX que pretendían limitar nuevamente el papel de una Monarquía que se negaba a aceptar la Constitución liberal de Cádiz y que alimentaba así el republicanismo. Hasta que en 1873, después de la renuncia al trono de Amadeo I, se proclamó la República de Pi i Margall, Salmerón, Figueras y Castelar. Precisamente este último en el discurso de proclamación pronunciaba estas palabras: “Con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia”. Esta experiencia republicana fue breve y convulsa. Por la situación económica, la resistencia de monárquicos y carlistas, las luchas populares, la proclamación de l’Estat Català… Y por el levantamiento militar que le puso fin en los últimos días de 1874. A pesar de su corta vida, la I República impulsó medidas como la separación Iglesia-Estado, la descentralización estatal, el reparto de tierras desamortizadas, la abolición de la esclavitud, la enseñanza obligatoria y gratuita o la jornada laboral de 8 horas. Esta I República había sido consecuencia de las semillas sembradas por las revoluciones populares contra la Monarquía, y fue semilla a su vez de la II República Española. La II República supuso una gran transformación política y social, embrión del actual Estado democrático, social y de Derecho. Las más importantes transformaciones políticas fueron el reconocimiento del sufragio universal (por fin se reconoce el derecho de voto de la mujer) y el referéndum, el reconocimiento de la pluralidad territorial del Estado con la consiguiente descentralización y elaboración de Estatutos de las nacionalidades históricas, la separación Iglesia-Estado o la reforma militar. Esta II República fue derrocada militarmente y se impuso una sangrienta dictadura (con más muertes en época de paz que la Italia de Mussolini o las dictaduras latinoamericanas de los 70). El dictador nombró como sucesor a Juan Carlos de Borbón, quién juró los principios del régimen, motivo por el cual no pudo jurar posteriormente la Constitución Española de 1978. Una Constitución que se planteó como única opción a la dictadura y que pretendía legitimar democráticamente al heredero nombrado por Franco. Una Constitución que, a pesar de hablar de la igualdad de toda la ciudadanía establece una Monarquía hereditaria y sálica, es decir, que impide el acceso al trono de las mujeres. Sólo este punto ya justificaría una reforma Constitucional. Pero puestos a reformar la Constitución, deberíamos plantearnos no si la Monarquía debe seguir la Ley Sálica o no. Sino, si queremos Monarquía o República. Cuesta reconocer la legitimidad de un Monarca elegido por Franco como heredero y que fue legitimado “democráticamente” en el marco cerrado de una Constitución y ante la amenaza de continuar la dictadura provocada por el ruido de sables. La Monarquía, aunque pueda ser parlamentaria e incluso constitucional, no deja de ser heredera de los privilegios e injusticias medievales. Si vemos los Presupuestos que reciben podremos corroborarlo: El Rey cobra casi 100 veces más que el Presidente del gobierno. Si Felipe de Borbón quiere ser Jefe de Estado debería presentarse a unas elecciones. Como ciudadano debe tener ese derecho. Y yo también debería tenerlo. * Joan Tardà es diputado nacional por Esquerra Republicana de Catalunya
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