El Gobierno ha iniciado el trámite para recurrir la consulta canaria sobre los sondeos petrolíferos cerca de la costa de las islas, según se ha anunciado este viernes tras el Consejo de Ministros. El ejecutivo ha acordado solicitar un informe previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno canario, por su parte, ha anunciado que, cuando se haga efectivo ese recurso, se acatará la ley, aunque aseguran que la consulta se acabará realizando.
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al Consejo de Estado el informe previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la consulta a los ciudadanos convocada por el Gobierno canario sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de este acuerdo del Consejo de Ministros, con el que se inicia el trámite para recurrir el decreto por el que se desarrolla la ley canaria que permite convocar la consulta, así como la propia convocatoria a las urnas, fijada para el 23 de noviembre.
El Gobierno ha solicitado un dictámen del Consejo de Estado con carácter de urgencia, con fecha límite del 24 de octubre. El dictamen no es vinculante pero sí preceptivo antes de que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, a interponer el recurso ante el Constitucional.La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses.
Acatar la ley
El portavoz del Gobierno de Canarias,
Martín Marrero, ha insistido en que la Administración autonómica acatará la ley cuando el Estado haga efectivo el recurso contra el decreto de la consulta para preguntar a los isleños sobre las prospecciones en busca de hidrocarburos, aunque ha opinado que la pregunta finalmente se hará.
"[Cuando el Estado recurra la consulta] el Ejecutivo regional acatará la ley, tal y como explicó el presidente,
Paulino Rivero. Eso no significa que la consulta no se vaya a hacer", afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Aquí, agregó que la suspensión que se produciría automáticamente al ser recurrido el texto de la consulta canaria finalizaría a los cinco meses. "La suspensión cautelar automática --agregó-- no es 'Ad eternum'. En el plazo de máximo de cinco meses el Tribunal Constitucional tiene que decidir si ratifica esa suspensión o la levanta".
En este sentido, Marrero hizo especial hincapié en que el Gobierno canario está convencido de que el Constitucional va a levantar la suspensión, ya que, dijo, el recurso no es jurídico, sino político.
"Entendemos que es perfectamente constitucional, de ahí que estemos convencidos de que se acabará realizando. Si no para el 23 de noviembre, habrá que esperar a que el Constitucional decida sobre esa suspensión cautelar [que se producirá cuando el Estado recurra la pregunta]", concluyó.
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