Montesquieu ha muerto, vivan las caenas

Lo dijo hace ya varias décadas un Alfonso Guerra endiosado por el poder de la mayoría absoluta alcanzada por Felipe González: “Montesquieu ha muerto”, afirmó el líder socialista cuando los dos partidos mayoritarios en la Cámara, PSOE y PP, acordaron repartirse el poder judicial y arrebatarle a los jueces cualquier indicio de independencia. Desde entonces los españoles hemos podido comprobar como aquellas fuerzas políticas que alcanzaban la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se comportaban como cualquier dictadura bananera. El partido en el poder controlaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y los tres poderes en los que se basaba la democracia acababan en papel mojado y en manos de un solo líder, llámese éste González, Aznar, Zapatero o Rajoy, que hacían y deshacian a su antojo sin preocuparse de respetar control alguno que los limitara. Montesquieu no solo había muerto sino que en España había sido enterrado por las toneladas de papel que suponían algunos millones de votos.

Desde entonces, como bien dijo en su momento el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, la Justicia en España ha sido un puro “cachondeo”. Y seguirá siéndolo si alguien no lo remedia. Los españoles hemos renunciado a las tres patas en las que se sostiene en sistema democrático moderno para sumergirnos en una especie de pseudodictaduras formales en las que lo único que cuenta es mantenerse ne el poder a precio que sea. Si el Legislativo (las Cortes) está al servicio del Ejecutivo (el Gobierno) y el tercer poder, el judicial es nombrado a dedo por los que gobiernan y se limitan a obedecer las órdenes emanadas por quienes mandan en cada momento, ya me dirán para que sirve este sistema político que dice defender al pueblo y que tan enconadamente defendemos en occidente como el menos malo de todos. Con esta tesitura no es de extrañar que España sea de los escasos paises democráticos del mundo donde se permiten los que yo llamo jueces de ida y vuelta. Esos que, como Baltasar Garzón, pasan de la Justicia a la política y vuelven a su anterior puesto sin despeinarse y si que se les caiga la cara de vergüenza.

Mientras todas las tertulias siguen dándole vueltas al asunto catalán y a los posibles pactos electorales, en Andalucía acaba de ocurrir un hecho harto escandaloso que en otros lugares y en otros momentos hubiese levantado una polvareda mediática sin precedentes. Imagino que ya se lo suponen. Sí, efectivamente, la petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de relevar definitivamente a la superjueza Mercedes Alaya del caso de los EREs fraudulentos de la Junta. Se puede estar o no de acuerdo con sus métodos de instrucción, con sus polémicos autos o con las elevadas fianzas impuestas a los más de doscientos imputados, hasta con sus modelitos, pero es innegable que si alguien ha sido capaz de enfrentarse a un sistema en el que la corrupción era norma, ha sido ella. Han sido mas de cuatro años de investigaciones, toma de declaraciones, de arduo trabajo en una causa mastodóntica que acumula cientos de miles de folios y ha puesto contra las cuerdas a un partido hegemónico en Andalucía, el PSOE, que lleva muchos años haciendo lo que le viene en gana y aplicando la máxima de Alfonso Guerra que citaba al principio de este artículo.

Aducir ahora que se le debe de retirar del caso porque ha denunciado públicamente la falta de independencia de la nueva titular y criticado la propuesta de su sucesora en el Juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, de dividir la macrocausa en cientos de microcausas que impedirán que al final la Justicia llegue a los últimos responsables políticos, no es sino hacerle el juego sucio a una Administración, la andaluza, que estaba harta de soportar a una magistrada díscola que se había salido del redil y levantaba alfombras intocables. Yo sé de una que, si finalmente el CGPJ le da la razón al TSJA y retira a Alaya de los EREs, va a respirar tranquila y conciliar el sueño sin infusiones de valeriana. ¿Verdad, Susana? Quizás lo mejor que podría hacer ahora Mercedes Alaya es renunciar a su puesto en la Judicatura y meterse en política. Seguro, seguro que serían muchos los andaluces y los españoles que apoyarían su candidatura.

Así que en esas estamos, muerto y enterrado Montesquieu y con la Justicia en manos de la clase política, a los ciudadanos solo nos queda viajar en el tiempo, volver al siglo XIX y gritar lo que decían los absolutistas en época del nefasto Fernando VII, ya saben, aquel “¡Vivan las caenas!