La 'Plataforma' pide la nacionalización del Banco de Valencia "y la depuración de responsabilidades"

Como se sabe, el Banco de España tomó el lunes la decisión "a petición del Consejo de Administración" de cesar a los administradores del Banco de Valencia e intervenir la entidad financiera sustituyendo a los responsables por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En la misma nota informativa publicada por el Banco de España se comunica la inyección de 1.000 millones de euros al capital de Banco de Valencia y la aportación de 2.000 millones de euros adicionales para garantizar su liquidez. Una vez más, según la Plataforma, "después de años de beneficios privados para una minoría, las pérdidas las vamos a pagar todos".

Y, entre otras cosas, añade que este Banco es una de las muchas entidades financieras españolas que adoptaron una estrategia "basada en el desenfrenado crecimiento del crédito destinado al sector inmobiliario y de la construcción", y que su equipo directivo -al que exige responsabilidades de todo tipo- fue "especialmente imprudente" en este aspecto. Así, según se opina en la Plataforma, a finales de 2010 los préstamos a constructoras y promotoras ascendían al 65,85% del total frente a una media del 58,2% de las entidades financieras españolas".

Cuando se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Banco agrupó a través de una filial denominada Valenciana de Inversiones Participadas a más de 35 empresas inmobiliarias casi todas ellas en pérdidas y a las que está financiando con préstamos sin intereses. Además de la excesiva exposición al crédito ligado al ladrillo, la Plataforma explica que el Banco de Valencia "se embarcó en los últimos años en operaciones de muy dudosa utilidad para la entidad sólamente explicables desde la actuación culposa o quizás dolosa de sus directivos. 

No obstante, continúa en su denuncia, las fallidas actuaciones de la cúpula del Banco de Valencia no han  sido óbice para  que  "aumentaran escandalosamente sus retribuciones" entre 2006 y 2007, justo el año en el que comenzaron a sentirse los primeros efectos de la crisis  financiera. En concreto, el grupo de nueve personas encargado de gestionar la entidad, con el consejero delegado a la cabeza, "pasó de recibir 2,3 millones de euros en 2006 a cobrar 4,4 millones el año siguiente, lo  que equivale a un incremento del 82%". Por tanto, estiman que "es evidente que las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración en 2010 y las correspondientes al primer semestre de 2011 no reflejan la imagen fiel del patrimonio de la entidad dado que no se han reflejado las adecuadas     provisiones por los quebrantos de su cartera de créditos.

Falso anuncio del Banco de España

Y lamenta que sea de nuevo el FROB el que acuda en socorro de la entidad para asumir el desfase patrimonial existente y la liquidez necesaria para evitar la quiebra inmediata de la misma. Tres mil millones de euros más de dinero público que tendrán que destinarse a sanear el Banco de Valencia a pesar de que el Gobernador del Banco de España nos anunció hace dos meses el final de la reestructuración del sistema financiero español. En definitiva, "un nuevo escándalo que no debe quedar impune sin la depuración de las oportunas responsabilidades de todos los que han coadyuvado a colocar a la entidad en la crítica situación en la que se encuentra en la actualidad".

Y ante todo ello, la Plataforma exige a las autoridad estatales y autonómicas que tomen las medidas necesarias para que todo el dinero del FROB inyectado en BFA-BANKIA se transforme  en acciones con derechos políticos, para que el Estado tome parte directa en la gestión de la entidad, y se proceda a su nacionalización efectiva. Algo que las propias normas del FROB recogen en caso de que las circunstancias lo hagan necesario. Y añade que "la quiebra del Banco de Valencia reafirma la falta de transparencia de BFA-BANKIA y sus asesores a la hora de explicar cuál es la situación real de la entidad, por lo que es necesaria una auditoría pública que permita conocer la situación real de la entidad BFA-BANKIA y qué cantidad de ayuda pública necesitará finalmente".

Y agrega que, "dada la imposibilidad de confiar en la dirección del Banco de España, reclamamos que se cree un cuerpo específico de inspectores  públicos para que realice dichas auditorías, bajo la tutela de la administración central y las administraciones autonómicas afectadas".  Estiman que se debería crear una comisión parlamentaria mixta entre el Parlamento estatal  y los autonómicos afectados, integrada por representantes de todos los  partidos políticos, que dirigiera y supervisara dichas investigaciones.

Aunque sin por ello olvidar la exigencia de responsabilidades a sus gestores, "y en el caso del  Banco de Valencia, a sus grandes accionistas que durante años obtendrían importantes dividendos", por la situación de las entidades. También piden la prohibición de despidos de trabajadores de BFA-BANKIA, de las     fundaciones de las Cajas integrantes o de las obras sociales respectivas, por causas económicas, así como el cese de sus directivos y sustitución por personas     designadas por las autoridades públicas, de reconocida competencia "y con unos salarios nunca superiores a los que se establecen para trabajadores  públicos de cualificación equivalente".

Al margen de todo ello, este Banco de Valencia está acusado de haber prestado dinero a Jaume Matas para que pudiese pagar los tres millones de euros que le exigía la justicia como fianza para no ir a la cárcel. Además, también de que desde esta entidad se pidió hace unas semanas permiso al juez para subastar el palacete del propio Matas, pues se comenta igualmente que el imputado no está pagando ni los intereses de ese préstamo. Y, por último, en la 'biografía' del Banco es acusado de haber echado una mano millonaria a una empresa en pérdidas de Antoni Asunción casi al mismo tiempo en que este exministro socialista retirado de la política decidió presentarse a las primarias para "renovar" el PSOE valenciano.