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Alguna Justicia sigue siendo un cachondeo

Alguna Justicia sigue siendo un cachondeo

jueves 16 de mayo de 2013, 08:13h
o están las cosas para meter en el mismo saco a todos los jueces, fiscales y abogados que pueblan el panorama legal español, pero la famosa frase que en su día dijo el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, por la sentencia urbanística sobre el chalet de Bertín Osborne sigue tan vigente como hace casi tres décadas. Basta echar un vistazo a los medios de comunicación para comprobar que la Justicia sigue siendo tan cachondeo o más que en los años ochenta del pasado siglo. Los casos Bárcenas, Urdangarín, Malaya, Campeón, Palau, ITV, Invercaria y un largo etcétera de procesos abiertos, incluyendo los que nada tienen que ver con la corrupción política como los de Marta del Castillo, están demostrándole a los españoles que, salvando honrosas excepciones como las de la jueza Alaya con los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, que ya veremos en qué acaba, la Justicia no es esa estatua con la cara vendada y la balanza entre las manos, sino que tiene los ojos bien abiertos para inclinar el platillo a uno o a otro lado según sea a quien se juzgue. Dice la Constitución que los españoles somos iguales ante la ley. Ja, que me parto y me trocho. Bueno, también dice que todos tenemos derecho a un trabajo digno, a una vivienda y a otras muchas cosas y nada de eso se cumple. Así nos va, más vale que la reformemos cuanto antes.

A Pacheco le han condenado ahora a cuatro años y medio de prisión y a ocho de inhabilitación en el denominado Caso Asesores por prevaricación y malversación de caudales públicos cuando compartía bajo las siglas del PSA, gestión en el Ayuntamiento jerezano con la alcaldesa socialista Pilar López, de infausto recuerdo por haber dejado el consistorio en bancarrota total tras su nefasta gestión. La pregunta es ¿le hubiesen condenado igual si en lugar de ser un concejal más estuviese gobernando el Ayuntamiento de Jerez? Quizás sí, y algunos añaden que la Justicia se la tenía sentenciada desde que pronunció su famosa frase. Pero me da la impresión que no es lo mismo que el imputado en cualquier delito sea un currito de a pie que un político con poder. El ejemplo más cercano lo tenemos en el Caso de los EREs. Todos los que han ingresado en prisión estaban ya fuera de la órbita del poder, incluído el ex consejero Antonio Fernández o el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Por ello no me extrañaría nada que el otro ex consejero de Trabajo, José Antonio Viera, al que tanto Griñán y los suyos como sus sociocamaradas de IULV-CA quieren imputar cuanto antes por ser el que, según el portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro (sic) "no sólo amparó, sino que ideó todo el proceso opaco que permitió el escándalo del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, tramitados por la Administración andaluza" siga sin ser llamado por la jueza Mercedes Alaya. Sí, ya sabemos que la imputación de Viera implicaría que el Caso pasara al Tribunal Supremo por su condición de diputado en las Cortes, pero no deja de ser una injusticia el que, si existen pruebas más que suficientes para imputarle, la jueza haga caso omiso de las mismas.

No sé si en la reunión que el martes mantuvieron en el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla (no en el despacho de la jueza, que es titular del Juzgado número 6) el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río con la jueza Mercedes Alaya y su juez de apoyo, Rogelio Reyes, y en presencia de del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, y del juez decano, Francisco Guerrero,.se trató este asunto ya que lo único que trascendió es que Alaya se ha comprometido a agilizar lo máximo posible las diligencias de las cuatro macrocausas que instruye, a saber las relativas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, a las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja sevillana, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié. De lo que estoy convencido es de que en dicha reunión se habló de la posibilidad de que una excesiva dilatación de la instrucción podría conllevar que algunos de los casos juzgados entraran en un periodo de posible prescripción de los delitos. Sería rizar el rizo que el protagonismo de Mercedes Alaya en el Caso de los EREs fraudulentos provocara que el jucio no tuviera validez por la larga instrucción de las causas. Entonces sí que habría que utilizar la frase de Pacheco: "La Justicia en España es un cachondeo".

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