Investigados por corrupción el ex director de Urbanismo y un alcalde del PP

  Un Juzgado de Móstoles ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto Rey y el alcalde de Villanueva de la Cañada del PP, Luis Partida, por presuntas irregularidades urbanísticas enmarcadas en la aprobación del Proyecto de Urbanización Plan Parcial Sector I Los Pocillos, que incluyó un monte declarado suelo protegido no urbanizable.

   La querella se dirige también contra otras cuatro personas, entre ellas el arquitecto José María Fernández del Río, la arquitecta Juana María Manrique, el ingeniero técnico municipal de obras públicas José Gil Granizo y el ingeniero agrícola Luis Arrabal.

   El Ministerio Público les acusa de presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

   Los hechos que serán investigados se remontan a la aprobación en noviembre de 1998 por parte del Ayuntamiento de Villanueva del Plan General de Ordenación Urbana, que incluía el Plan Parcial Sector I Los Pocillos.

   El Ayuntamiento presentó el 14 de marzo de 2003 dicho Plan ante la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma para su aprobación por la Comisión de Urbanismo. En el equipo redactor del Plan se encontraban, entre otros Fernández del Río y Eduardo Porto, hermano del ex director de Urbanismo.

   En el paso previo a la aprobación, la Dirección General de Urbanismo emitió un informe contrario al Plan, al constatar "la existencia de varias deficiencias de índole jurídica y técnica que debían subsanarse".

   Entre ellas figuraba la inclusión dentro del Plan de los terrenos de monte preservado del cauce del arroyo de Pedro Elvira, declarados como suelos no urbanizable protegido. Se trataba de lograr así "la construcción de 89 viviendas más", según la Fiscalía.

Subsanación de deficiencias

   Dicho informe se elevó a la Comisión de Urbanismo que acordó devolver en mayo de 2003 el expediente al Ayuntamiento para corregir las deficiencias, teniendo un plazo máximo de 6 meses para ello. El 12 de agosto de 2004, el Consistorio presentó las subsanaciones para su posterior aprobación.

   Para corregir la inclusión de los montes protegidos, el Ayuntamiento se limitó a aportar un informe de la Consejería de Medio Ambiente, de octubre de ese año, que ya constaba en el Plan General. Tras ello, una arquitecta de la dirección general de Urbanismo emitió otro informe, en el que dejaba claro que había que excluir la inclusión de esos terrenos.

   "Dicho informe --señala la querella-- no fue aceptado por el director general de Urbanismo Enrique Porto Rey, quien se hallaba en el cargo desde su nombramiento por Decreto de 30 de diciembre de 2003".

   Porto encomendó a Mariano Trías Chueca, en su condición de Coordinador de Programas de Urbanismo, que hiciera un informe en el que se diera por subsanada la irregularidad relativa a los terrenos del cauce del arroyo Pedro Elvira. Así lo hizo y Porto dio su "conforme" al informe que se incluyó en el expediente.

Aprobación del plan

   Remitido de nuevo el Plan a Urbanismo, Luis Partida aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector I Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, al que se presentaron alegaciones por parte de varios grupos municipales.

   Tales alegaciones fueron contestadas por los ingenieros José Gil Granizo y Luis Arrabal, que realizaron tres informes que contaron con el visto bueno de Manrique Larraza.

   Estos escritos interpretaban la exclusión de los montes ordenada por la Comisión en que bastaba con "no afectarlo a ningún tipo de infraestructura", justificando, según la querella, que "las dos infraestructuras definidas en el plan parcial eran una red de alumbrado público y una red de aguas pluviales".

   Conforme a los informes, el alcalde desestimó las alegaciones, rectificando el Proyecto de Urbanización con "la mera supresión de las nuevas plantaciones y arbustos en el Monte Preservado y con la supresión de las redes de saneamiento de aguas residuales y pluviales, sin mención alguna respecto de la red de alumbrado público".

Plarquin Consultores S.L.

   Otro apartado de la querella se refiere a la sociedad Plarquin Consultores S.L., cuyos propietarios eran Fernández del Río y Porto. En 2002, la compañía realizó trabajos de arquitectura para el Ayuntamiento en la redacción del Plan Parcial Los Pocillos.

   Según la querella, Manrique Larraza recibió dinero procedente de los pagos que estos promotores de Villanueva hacían a Fernández del Río, enmascarándolos como "recibos de colaboración" entre ambos como arquitectos y haciéndolos aparecer como supuestos trabajos en otras localidades.