A todos conviene sacar las manos políticas de las Cajas de Ahorro

En los últimos meses y en los días recientes, nombres como los de Rodrigo Rato, para bien, y Hernández Moltó, para peor que mal, pero no sólo ellos, han tenido relevancia en la intensa y muy seria polémica generada sobre el modelo español de Cajas de Ahorro, al que se acusa, no sin algún fundamento, de excesiva politización o lo que es aún peor, subordinación al poder político de turno. Cierto que esta polémica en torno a la situación de las Cajas de Ahorros tiene mucho de artificial, porque el problema se reduce a la necesidad imperativa de sacar de una vez la mano política de estas instituciones financieras que, incluso a pesar de esa rémora, muestran un razonable funcionamiento medio, quizá con la excepción, muy seria desde luego, de Caja Madrid, nada menos que la cuarta entidad financiera de España, afectada por unos años de gestión más o menos deplorable, pero con suficiente capacidad de resistencia y regeneración para recuperarse en cuanto se produzca el tan anhelado por casi todos relevo de Miguel Blesa en la presidencia, una etapa para olvidar.

    Decía recientemente el presidente de la CECA, Qujntás Seoane, que la esencia del modelo de Cajas de Ahorros va a permanecer como hasta ahora, aunque sea inevitable realizar lo que él denominaba como algunos “ajustes finos” para  adaptarse a los nuevos tiempos, lo que por otra parte las Cajas han  venido haciendo a lo largo de casi doscientos años. Atribuye Quintás a ese mantenimiento de la fidelidad a la raíz y  la simultánea capacidad de mudar en lo accidental la claves del éxito de las Cajas. Aprovechaba por cierto recientemente el presidente de la CECA, en declaraciones que me hizo para la revista AEGAMA, para denunciar que “siempre hay instancias que tratan de aprovechar cualquier momento de debilidad para intentar impulsar la desaparición de las Cajas. Indudablemente, somos competidores incómodos. Curiosamente, el ángulo por el que se nos solía atacar, el de no ser una sociedad anónima, es muy difícil de sostener en estos momentos cuando han sido los grandes Bancos, los más teóricamente expuestos a la disciplina de mercado, los que generaron esta crisis y los primeros que han caído. Así que, sinceramente, creo que después de lo vivido estos meses, el modelo de banca de proximidad de las Cajas de Ahorros va a salir fortalecido de esta crisis”. Este argumento, con toda evidencia muy discutible, permitirá al menos, en el próximo futuro, centrar la polémica.

    Ahora mismo, el gran tema de moda son las fusiones, que han sido históricamente uno de los mejores instrumentos de racionalización del sector financiero y es posible que vuelven a serlo. Vivimos tiempos de optimización, de diversificación del riesgo, de eficiencia y eficacia, etc., y está claro que las fusiones son una de las posibles vías para avanzar por tales sendas, siempre y cuando estos sean realmente los motivos y efectos relevantes, y no un pretexto para la politización control de las Cajas. Ello impide, como señalaba Quintás, hablar de las fusiones en abstracto, porque es preciso determinar en cada proyecto de fusión si los beneficios que reporta, desde una perspectiva de racionalización económica y no –éste es el gran peligro– de “conveniencia” política, superan los costos que también siempre se asocian con las fusiones. La capacidad excesiva de intervención que la legislación vigente otorga a los Gobiernos autonómicos ha llevado al presidente de la CECA a reclamar al respecto, al Parlamento del Estado, una modificación legislativa, señalando que “en comunidades como Cataluña o Galicia donde se han autolimitado al veinticinco por ciento la representación de los organismos públicos en las Cajas, nunca se han producido espectáculos de lucha por el poder o de intentos de conquista de Cajas como los que repetidamente se presentaban en otras comunidades autónomas. Y esto significa que un límite máximo del veinticinco por ciento da mejor resultado que el del cincuenta por ciento vigente en la mayoría de las Comunidades Autónomas”.

    Cuando el tope es del cincuenta por ciento, es inevitable que los partidos políticos vean el dominio de las Cajas a su alcance e intentan conseguirlo. Lo cierto es que históricamente lo han conseguido pocas veces, lo que explica que los resultados económicos y sociales de las Cajas hayan sido tan buenos. Sin embargo, advierte Quintás que “esos intentos perturbadores han generado dos cosas: una, ruido, que daña la imagen, y dos, distracción a los equipos directivos. Para evitar eso y para evitar también que algún día pudieran conseguir un control que desnaturalizaría a las Cajas, sería deseable reducir el peso de la representación de organismos públicos en los Órganos de Gobierno de las Cajas”.
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    Para decirlo con entera claridad, naturalmente que debe existir leal cooperación de las Cajas con los Gobiernos Autonómicos, pero nunca subordinación. Por eso es conveniente una representación razonable. Ahora bien, otra cosa muy distinta es que las Comunidades Autónomas piensen que las Cajas son instituciones propias y que pueden dirigirlas o cambiar a sus directivos igual que hacen con cualquier departamento de su Administración.  Eso no se ajustaría al modelo español de Caja de Ahorros. En los últimos treinta años las Cajas han multiplicado por ochenta su valor y como destaca Quintás “la fórmula de su éxito ha sido muy sencilla: autonomía frente a los poderes públicos y competencia plena. Cada vez que hemos perdido alguna de estas cosas en nuestra historia, las Cajas se han adormecido o han declinado.  Se trata pues de una fórmula testada por dos siglos de experiencia”

    Por otra parte, es evidente que las condiciones del entorno no van a permitir a la mayoría de la Cajas repetir en el inmediato futuro los brillantes resultados de años anteriores. En una coyuntura tan difícil como la actual, el objetivo central de las Cajas debe ser gestionar la crisis manteniendo su especial modelo de hacer finanzas, es lo mismo que decir que deben contribuir cuanto puedan a que la crisis financiera afecte lo menos posible a la economía productiva y a la sociedad en general. 

    Es importante tener en cuenta que la financiación del sector empresarial, y muy especialmente de las medianas y pequeñas empresas, ha sido tradicionalmente un objetivo prioritario de las Cajas, que han sabido encauzar la financiación del tejido empresarial de forma eficiente, tanto desde el punto de vista geográfico como de los sectores de actividad, gracias al profundo conocimiento de sus zonas de actuación. Y además de la financiación de la actividad empresarial a través del crédito bancario directo a las empresas, la intermediación en programas de iniciativa pública o la inversión en sociedades de “capital riesgo”, las Cajas de Ahorros, como recientemente destacaba Quintás, dieron un paso más en su implicación con este segmento mediante la participación directa en el capital de muchas empresas, contribuyendo así al desarrollo equilibrado y sostenido de las regiones más desfavorecidas. Esta modalidad de inversión a través de participaciones empresariales supone otro hecho diferencial positivo de las Cajas, que es una vinculación importante con el desarrollo del tejido empresarial de sus regiones de origen. 

    Cierto que las Cajas de Ahorros son entidades estrictamente privadas, pero tienen al mismo tiempo una vocación social y territorial que las diferencia de otros operadores en el mercado financiero, y es en virtud de esa vocación y sólo debe ser por eso, que los Órganos de Gobierno de las Cajas tratan de ser una representación a escala del tejido social, económico y cultural de los territorios en que prestan sus servicios. Dicho tejido se compone, lógicamente, de entidades públicas y privadas. Dicho de otra manera, en los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros participan cuantos intereses colectivos están involucrados en su gestión dentro del ámbito territorial en el que desarrollan su actividad. Las Cajas, en suma, aspiran a ser un reflejo de la sociedad. Es así que la diversidad de nuestra sociedad se traduce en una diversidad interna en cada Caja de Ahorros, de manera que esa diversidad interna se articula a través de un juego de equilibrios que, si no es roto por una sobre-representación de los organismos públicos, impide el predominio de un grupo concreto sobre los demás. En las Cajas, señalaba recientemente Quintás, “las decisiones son el fruto de procesos negociadores abiertos en la búsqueda de “convergencias de intereses”.

De hecho, las Cajas de Ahorros llevan 175 años colaborando a solucionar problemas sociales y, en especial, aquellos que tienen que ver con la exclusión. Esto es algo que no pueden decir con tanta rotundidad las entidades que tienen un modelo corporativo societario. Algunos de los instrumentos de las Cajas para combatir la exclusión financiera procede, sin embargo, de la parte más operativa de las Cajas véase, por ejemplo, el servicio de remesas para inmigrantes. Las Cajas consideran que su papel puede ser esencial en este ámbito, facilitando transacciones a bajo coste, contribuyendo a realizar inversiones productivas en los países receptores y sentando las bases para la consolidación de un sistema financiero capaz de movilizar los recursos necesarios para el desarrollo económico de esos países. Los microcréditos constituyen otro de los instrumentos en la lucha contra la exclusión financiera. En los últimos seis años, las Cajas de Ahorros españolas han concedido un total de 11.500 microcréditos sociales, por un importe superior a los cien millones de euros.

    Merece la pena recordar que los Servicios de de Atención al Cliente de las Cajas constituyen un buen ejemplo del compromiso con los clientes, ya que este Servicio, obligatorio desde hace tres años a raíz de la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, se creó de forma voluntaria en las Cajas de Ahorros hace diecinueve años. Es decir, las Cajas se han adelantado y han contado durante quince años con un Servicio de Atención al Cliente por voluntad propia.

    ¿Puede hablar entonces de un valor añadido de las Cajas al sistema financiero español? Lo cierto es que la presencia de las Cajas garantiza que el mercado financiero español disponga de un alto nivel de competencia, evitando las prácticas abusivas que el poder de mercado pudiera generar y compensando en gran medida la polarización que ejercen los dos grandes Bancos nacionales. En aquellos países donde no existen las Cajas, el mercado ha tendido a un oligopolio que ha perjudicado a los consumidores. Pero, además, las Cajas de Ahorros compiten ferozmente entre sí, hasta el punto de que muchas veces se ha dicho que el peor competidor de una Caja es otra Caja. Y no se puede olvidar que las Cajas de Ahorros han jugado un papel fundamental en la financiación del acceso a la vivienda, tanto libre como protegida, de las familias españolas, ya que las Cajas han aportado el 61,8 % de la financiación de la vivienda desde que se firmó el primer Plan de Vivienda en 1981. Además, es relevante el dato, recientemente destacado por Quintás, de que, “de los depósitos constituidos en las Cajas de Ahorros por el sector privado residente, el 53 por ciento corresponde a los hogares e instituciones sin fines de lucro, cuya cifra en valores absolutos es de 361.964 millones de euros, cerca de un sesenta por ciento de los saldos que las familias tienen depositados en entidades financieras. Estos datos demuestran que las Cajas de Ahorros desempeñan un papel importante en la canalización y fomento del ahorro de las familias, sector con el que tienen una especial implicación, independientemente de su potencial de beneficio económico para la entidad”.

    En definitiva, el espectáculo manifiestamente mejorable que se está dando en Caja Madrid por su actuales gestores y por los entornos políticos influyentes en la entidad, no deben quitarnos la perspectiva del bosque. Las Cajas, incluida la importante Caja Madrid, son instituciones muy valiosas, que merece la pena preservar y desarrollar en nuestro país, lo que inevitablemente debiera pasar por una radical reducción del intervencionismo político en estas entidades financieras.

    Pero, como recientemente ha recordado el analista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el hecho es que las cajas de ahorro se han convertido en protagonistas del tsunami que planea el sistema financiero español. Si bien durante la expansión todas o casi todas las entidades crediticias se subieron al carrusel de una imprudente exuberancia crediticia, los excesos cometidos por las segundas han resultado ser mucho mayores. Por eso, la crisis les va a pasar una enorme factura que será pagada por los contribuyentes. Si se acusa a la banca de opacidad, una oscuridad sobresaliente se cierne sobre una buena parte de las instituciones agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Esta es una consecuencia inevitable de su propia naturaleza, un caso paradigmático del denominado “problema de agencia” : la tendencia de los gestores a poner los activos de una corporación al servicio de sus propios intereses definidos en términos de maximización de poder y/o de dinero.

    Y es que la inexistencia de propietarios concede a la alianza entre los ejecutivos y los políticos que las dominan una autoridad casi omnipotente y bastante discrecional. El funcionamiento de estas instituciones responde a los criterios clásicos de un acuerdo colusorio burocrático-político a través del cual ambas partes intercambian entre sí derechos de gestión y de apropiación de los recursos corporativos sin ninguna vigilancia externa efectiva. Esa realidad de poder se disfraza bajo los oropeles de la “obra social”, del apoyo a los inmigrantes, de la asistencia a los desfavorecidos y de toda una retahíla de argumentos cosméticos y de palabrería hueca al servicio de los intereses de quienes mandan en ellas. El entorno normativo-institucional en el que desarrollan su actividad produce incentivos perversos porque elimina las reglas impuestas a cualquier compañía en una economía de mercado.

    De acuerdo con la ley, los órganos de gobierno de las cajas representan la pluralidad de la sociedad civil y política.  En la práctica, todos los puestos de las asambleas generales y de los consejos de administración se reparten entre las clientelas de los partidos y de los sindicatos. Por eso, la “clase dirigente” no tiene interés alguno en cambiar ese lucrativo status quo. El gobierno y las “oposiciones” sólo coinciden en una cosa: repartirse las cajas. Los controladores y los controlados se funden en un productivo abrazo para disfrutar del poder Ni el PP en sus años de gobierno ni el PSOE en los suyos mostraron interés alguno en reformar las cajas. Para más abundamiento, el reparto de las competencias supervisoras entre el Banco de España y las autonomías sólo ha servido para debilitar o neutralizar la vigilancia efectiva de la gestión. En esa confusión institucional, era inevitable que se cometieran excesos, que se incurriese en graves irresponsabilidades.

    Bien es cierto que son muy distintos los casos concretos. Si el ejemplo límite de a dónde pueden llegar los excesos de la politización ha sido el caso de Hernández Moltó y su, por denominarlo de alguna manera, gestión al frente de Caja Castilla La Mancha hasta llevarla al desastre, no tendría sentido predicar lo mismo de personajes como Rodrigo Rato, ciertamente deseado por todos    –menos por quienes le querrían libre de compromisos, para intentar hacerse para sus entidades con la extraordinaria capacidad de quien dirigió los mejores cuatro años de la historia reciente de la economía española– para sacar Caja Madrid de las serias inquietudes en que le ha sumido la menos que floja gestión de quien, como es el caso de Blesa, llegó a su presidencia sin otros títulos objetivos que su amistad de asesor fiscal con el entonces casi todopoderoso José María Aznar. Nada que ver tampoco los excesos de la politización con la excelente gestión de Fainé y su entorno en La Caixa, nada menos que la tercera entidad financiera de España. 

    Pero al mismo tiempo es inocultable que, durante los años del “boom”, las cajas de ahorro alimentaron la burbuja inmobiliaria con una expansión crediticia desaforada. Participaron de manera directa o indirecta en numerosas operaciones corporativas de las que no sabían nada o estaban ligadas a criterios de favoritismo o de conveniencia política. Cuando ha llegado la recesión y se atisban los gérmenes de una crisis financiera, su deterioro se ha hecho palpable y plantea un escenario de riesgo sistémico de incalculables dimensiones. En un régimen capitalista, los inversores deben tener libertad para tomar las decisiones que estimen oportunas de acuerdo con su personal evaluación del binomio riesgo-rentabilidad y asumir los costes o los beneficios de ellas. Pero las cajas son distintas. No son compañías privadas, carecen de dueño, no están sometidas a la disciplina del mercado y, por tanto, y esto es lo verdaderamente importante y crítico, sus gestores carecen de los incentivos necesarios para realizar una valoración realista y prudente de sus actuaciones. 

    Desde esta óptica, la crisis debería haber servido para abordar una profunda reforma de las cajas de ahorro, para hacer su gestión transparente y sometida al control del mercado. Opina el antes citado analista Lorenzo Bernaldo de Quirós, y es algo que pienso que debe suscribir cualquier observador razonable, que cualquier aportación de dinero público para salvar las Cajas de la quiebra debería estar condicionada a un cambio en su naturaleza jurídica, y sobre todo, en una estructura de propiedad que reúne los peores ingredientes de la gestión privada y de la pública. Por desgracia, nada de eso se ha hecho ni parece que se hará.

    Así que nada menos que la mitad del sistema financiero español no tiene dueño o lo que es aún peor, está en manos de los políticos, con lo que el caso Hernández Moltó deja de ser un ejemplo extremo para acercarse a categoría, y es lógicamente inevitable la tendencia a reproducir los peores errores de la banca estatal. Sin duda que hay también, en el extraño mundo de las Cajas, personajes tan serios, preparados y fiables como el ahora presidente de su Confederación (CECA), Juan Ramón Quintás, pero están muchos de los otros, los que apenas significan más que la larga mano de los políticos de turno, y esto último es lo que ahora, en los malos tiempos, apenas deja otra opción que soportar las consecuencias.