El incidente tuvo lugar sobre las 15 horas del miércoles en las propias instalaciones del centro escolar, situado en el número 34 de la calle Embalse de Navacerrada, en el vallecano barrio de Entrevías.
Según fuentes del centro, y siguiendo lo relatado en la denuncia por la directora, el progenitor de uno de los alumnos llegó al colegio en estado notable de agitación y "fuera de sí", lanzando continuas amenazas de muerte contra el jefe de estudios del centro, al que buscaba desesperadamente por los pasillos del centro. Al escuchar el revuelo y los gritos del padre, la directora del colegio salió a ver lo que pasaba y el hombre, que estaba "muy nervioso", la zarandeó y la dio un empujón. Al lugar llegaron conserjes y personal del centro para controlar la situación.
Minutos después, y tras avisar a la Policía, varios agentes llegaron al centro y detuvieron al supuesto agresor, que dirigieron a dependencias policiales de Entrevías para tomarle declaración. Por su parte, la directora y el jefe de estudios formularon una denuncia ante la comisaría de Entrevías. Mañana a las 14 horas se celebrará un juicio rápido en los Juzgados de Plaza de Castilla sobre los hechos, según indicaron fuentes próximas a la investigación.
Polémica de agresiones
Precisamente en la misma jornada, la Defensora del Profesor del sindicato independiente ANPE-Madrid, Inmaculada Suárez, afirmó que en el curso de 2007-08 registraron ante la asociación un total de 2.175 denuncias de acosos y agresiones a docentes y en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de este año) anotaron ya 2.400.
Así, el 10% de los profesores denunciaron una agresión de alumnos en la primera mitad del curso pasado y el 2 por ciento provenientes de padres y familias. La etapa con mayor conflictividad es la Educación Secundaria.
ANPE-Madrid dio a conocer estos datos tras el anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar a los profesores el rango de autoridad pública. El sindicato cree que esta normativa es "beneficiosa" para la sociedad, la educación y el profesorado.
Con la nueva ley, la agresión a un maestro será tipificada como un delito de atentado contra autoridad pública, con penas de 2 a 4 años de cárcel. "Hasta ahora, si había daños se consideraba una infracción penal y el agresor quedaba impune o tenía que pagar una multa de 100 ó 200 euros", señaló el abogado de la asociación, Enrique Álvarez.
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