Nace una plataforma ciudadana en contra de la ministra Sinde

         En las primeras horas del manifiesto "En defensa de nuestra libertad", una respuesta contundente a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y su ley-mordaza contra Internet, se adhirieron ya más de mil personas a través de Facebook y de la web de la plataforma, http://libertad20.es.

         Las principales conclusiones es que González-Sinde  está patrocinando, con la creación de la Sección Segunda (SS) “un tribunal de excepción al servicio de las grandes multimedia”, o que" lo que está en juego es el control que la sociedad pueda ejercer sobre el poder”.

         Según Luis Canal, presidente de la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles-LyDC, abogado especializado en Nuevas Tecnologías, " este proyecto vulnera las libertades y derechos fundamentales de las personas y solicitamos una reforma en profundidad de los derechos de autor que no criminalice a los ciudadanos y que proteja el verdadero interés de los autores, que no es otro que el de comunicar sus obras y la autoría de las mismas”.

         El “Manifiesto en defensa de nuestros derechos” y la Plataforma “Libertad 2.0” han sido presentados por las asociaciones Foro Liberal, la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles-LyDC, el Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana. En el acto han pedido la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible y la dimisión de las ministras “responsables” Elena Salgado y Ángeles González-Sinde, además de la retirada del canon digital y que  se auditen las cuentas de las entidades de gestión.

         Han intervenido en el acto Margarita Rabassa, del Club Liberal Español; Luis Canal, presidente de Lydc; Rafael Rubio, de Cuba en Transición y doctor en Derecho Constitucional; Francisco Javier Jiménez Rivero, de Hazte Oír; Almudena Negro, presidenta del Foro Liberal; Alejandro Campoy, de La Rosa Blanca; Fabián Fernández de Alarcón, de Profesionales por la Ética, y Pablo Rodrigo, portavoz en Madrid de Coruña Liberal.




"Tribunal de excepción"

         Según los integrantes de la plataforma, la ministra González-Sinde está creando, con la Sección Segunda (SS) “un tribunal de excepción al servicio de las grandes multimedia”. Los tribunales de Justicia tal y como aparece en la redacción van a ser “meros comparsas de la administración” limitándose a ejecutar las decisiones que "previamente hayan adoptado los comisarios políticos".

         Según los participantes, el anteproyecto viola los artículos 18.3 y 18.4 de la C.E. (secreto de las comunicaciones y protección de datos personales –derecho a la intimidad-) al permitir que un órgano administrativo pueda requerir los datos personales de bloggers o webmasters sin orden judicial. Además, se vulnera la libertad de expresión amparada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución de 1978 al pretender implantar un sistema de censura previa y secuestro de publicaciones.

         Han insistido en que, al ser un procedimiento administrativo, los webmaster se tendrán que enfrentar a las prerrogativas de la administración, resumidas en “paga la multa y luego recurre”. Así se evitarán sentencias como las ya dictadas, claramente favorables a los internautas habiendo sido incluso condenadas las entidades de gestión por temeridad en la denuncia.

         “Entendemos que este proyecto vulnera las libertades y derechos fundamentales de las personas y solicitamos una reforma en profundidad de los derechos de autor que no criminalice a los ciudadanos y que proteja el verdadero interés de los autores, que no es otro que el de comunicar sus obras y la autoría de las mismas”, afirmó Luis Canal.