Yak: la Audiencia Nacional estudiará si imputa a Trillo

Así lo indicaron este lunes fuentes de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY), que solicitó la imputación del actual coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte.

   El tribunal acordó en una providencia hecha pública hoy celebrar el próximo jueves, a partir de las 9.00 horas, una vista en la que analizará el recurso de apelación presentado por un segundo grupo de víctimas representado por el abogado Leopoldo Torres contra el auto dictado el 20 de junio de 2008 por el instructor Fernando Grande-Marlaska en el que rechazaba ampliar el número de imputados más allá de los cinco mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción.

   Fuentes de AFATY aseguraron este lunes que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal les trasladó verbalmente su intención de unificar los dos recursos de apelación para tramitarlos de forma conjunta en una misma vista y que cuentan con recibir mañana, martes, la notificación de una providencia en este sentido.

El Supremo decidió no imputarle

   En mayo de 2008, Grande-Marlaska se remitió al Tribunal Supremo para que se pronunciara sobre la posible imputación de Trillo en esta causa, dada su condición de aforado en las Cortes Generales. La Sala Segunda le respondió que la petición no resultaba "procesalmente necesaria" debido a la falta de indicios de responsabilidad penal invocados por el instructor.

   Además de Trillo, la principal asociación de familiares de las víctimas solicitó la imputación de todos los responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, entre los que se encontraban el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Luis Alejandre Sintes; el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Eduardo González Gallarza; y el teniente general del Aire José Antonio Beltrán Doña, que fue imputado en la causa sobre las identificaciones.

   Por su parte, el grupo de familiares representado por Leopoldo Torres pidió la imputación de 13 militares y civiles por un presunto delito de homicidio por omisión. Además de los tres mandos militares citados por la otra asociación, esta parte solicitó en encausamiento de los tenientes generales Ángel Guinea, Manuel Estellés, Carlos Gómez Arruche y Juan Ortuño.

   En la investigación sobre la contratación del Yak-42 se encuentran imputados cinco altos mandos militares en el momento en que se produjo la catástrofe, entre los que destacan el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

   El magistrado también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.