Conozca los puntos en discordia de la reforma de las pensiones

Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado.

• Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de tres puntos por cada ejercicio de más que se contribuya. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos. Como ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado a la Seguridad Social durante 35 o más años.
  
•  Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y hubiera cobrado 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendría derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo). Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.

Qué propone el Gobierno

El Gobierno apuesta por garantizar la solvencia del sistema a través del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aunque la edad real de jubilación apenas supera los 63 por la cultura de la jubilación anticipada, y el periodo de cómputo. Sobre este último aspecto, aunque en una primera propuesta que envió el Ejecutivo a Bruselas hablaba de incrementarlo hasta los 25 años desde los 15 actuales, ha preferido no fijar ninguna cifra concreta para dar margen a la negociación. En el Pacto de Toledo, los partidos -salvo IU y BNG- han acordado elevarlo, pero sin fijar una cifra concreta. Otros países ya han tomado medidas similares sobre el cómputo: Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años mientras que Austria lo ha ampliado desde 15 hasta 40 y un número importante de países (Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia) lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral.

En cuanto a elevar la edad de jubilación, la postura del Gobierno es clara: situarla en 67 años pero tras un proceso de adaptación paulatino y flexible de 15 años, con lo que solo entrará en vigor de forma completa en 2027. Además, apuesta por establecer diferencias en función de los años cotizados -con lo que quien tenga un historial de 36 o más años se pueda seguir retirando a los 65- o los oficios realizados, ya que en aquellos sectores especialmente penosos también se podrán jubilar a los 65 años. El Ejecutivo, no obstante, plantea que la excepción por años cotizados se amplíe paulatinamente. Es decir, que cada vez se necesiten más años cotizados para retirarse a los 65.

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre el impacto que tendría esta medida en el gasto de las pensiones sobre el PIB, el consenso recogido por el Banco de España apunta a un recorte de entre 6 y 8 puntos porcentuales de aquí a 2050 o 2060 en función si se deja entre los 25 o los 35 años. Gracias a ello, la partida de gasto se quedaría ligeramente por encima de los niveles actuales y el problema se resolvería en una gran parte. En caso de que el periodo de cómputo se ampliase a toda la vida laboral, no obstante, hay quien alerta de que reduciría la cuantía de las nuevas pensiones entre un 10% o un 30% y supondría un menor impacto a la baja en el gasto total en relación al PIB, de entre un 3% y un 5% dentro de 50 años

Dónde están los riesgos

Las proyecciones del Banco de España, que son las utilizadas por la Comisión del Pacto de Toledo, dicen que el descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocarán que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060. Según Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado con pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Por este motivo, aunque el mayor número de beneficiarios y el paulatino aumento de la cantidad de las prestaciones no se notará durante los próximos 15 años en el gasto en pensiones en relación al PIB, que actualmente está en el 7,6%, a partir de entonces se acelerará hasta alcanzar el 14% si no se toman medidas. Hay que recordar que a esta partida habría que añadir el coste de las prestaciones no contributivas y los gastos sanitarios o de dependencia asociados a un aumento de la población mayor, un coste incalculable e insostenible.

Bruselas insiste además porque  la reforma de las pensiones llega en medio de los esfuerzos del Gobierno para devolver el déficit a los límites de Bruselas. Aunque el repunte de los números rojos del Estado se ha producido por la crisis -medidas de estímulo, gastos por paro y caída de los ingresos- y no tiene mucho que ver con los jubilados, la inviabilidad del sistema de pensiones, aunque sea a largo plazo, amenaza su sostenibilidad. 

Y ocurre lo de siempre con la especulación en los mercados: que si se sabe que las pensiones costarán en un futuro al Estado más de lo que ingresa en cotizaciones -lo que le obligará a agotar el fondo de reserva, desviar fondos de otras partidas y vaciará paulatinamente sus arcas-, nadie querrá comprar su deuda, o lo que es igual de malo, jugarán a que España no es capaz de sostener el sistema, lo que ahonda a su vez en la desconfianza hacia el país y su sostenibilidad.

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