A día de hoy (es sólo una aproximación porque una medida así tardaría en estar totalmente implementada por lo menos un lustro) esto supondría un recorte cercano a los 50 euros mensuales en la paga de un jubilado. Si el cómputo llega hasta los últimos 25 años de vida laboral, el recorte puede llegar hasta un 10%, lo que supondría, de nuevo en términos actuales, recortar hasta 90 euros al mes. Y afectará claramente a la generación nacida de la posguerra mundial, que en España es posterior a los años cincuenta por el efecto de la Guerra Civil española y el retraso en salir de la crisis.
Según las proyecciones del INE, en España la población mayor de 64 años se duplicará en 40 años y pasará a representar más del 30% del total debido al envejecimiento de la pirámide poblacional: esto también lo ha advertido la Comisión Europea, que viene alertando al Gobierno español sobre el riesgo de desequilibrios presupuestarios a largo plazo debido a un mayor gasto público futuro en materia de pensiones.
España será, en el 2050, uno de los países más envejecidos del mundo: el 30% de la población tendrá 65 años o más. Este rápido proceso de envejecimiento de la población se produce como consecuencia de la tasa de natalidad –una de las más bajas del mundo– y del aumento de la esperanza de vida –en la actualidad las mujeres nacidas en España están entre las europeas más longevas con 84 años, frente a una media en Europa de 79–, mientras los hombres se sitúan en los 78 –la media europea masculina está en 71 años–.Baja natalidad y aumento de la esperanza de vida dan un un aumento del envejecimiento de la población.
Más servicios sociales que atender
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Este aumento del envejecimiento viene acompañado de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que trabajan. Así, según el INE, en 2049, por cada 10 personas en edad de trabajar, habrá en España casi nueve personas potencialmente inactivas, es decir, las que son menores de 16 años o mayores de 64. Es decir, la tasa de dependencia se elevaría hasta el 90%, desde el 48% actual: un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor número de jubilados. Esto significa que, proporcionalmente, menos trabajadores tendrán que pagar cada vez más impuestos porque el Gobierno necesitará atender más servicios sociales: pensiones y gastos médicos de los mayores.
La Seguridad Social consumirá cada año una parte más importante de nuestra renta nacional. El porcentaje del PIB dedicado a pensiones pasará del 9,5% actual al 18% en 2050, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad española de garantizar el sistema público de pensiones. Subir los impuestos y rebajar las prestaciones es una de las salidas, inevitablemente impopular. Otra posibilidad es elevar las cotizaciones sociales por jubilación –que económicamente equivale a subir el impuesto sobre el trabajo–. Otra solución sería aumentar la natalidad. Otra, alargar la edad de jubilación.
La solución tampoco está en apostar por una mayor natalidad; los datos indican que la fecundidad en España está aumentando –gracias a la aportación de las madres extranjeras– alcanzando 1,44 hijos por mujer, el valor más alto desde 1993, pero todavía muy lejos del 2,1 –tasa de reemplazo generacional–.
Así que, en la actualidad, para un asalariado con más de 35 años cotizados a la Seguridad Social es probable que la cuantía de su pensión contributiva a la que tiene derecho baje entre un 5 y un 20 por ciento, como poco, respecto a las pagadas en la actualidad (la pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social se situó el 1 de enero en 874,97 euros, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración).
Retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años supone que se ampliará el periodo de cotización. Si contempláramos sólo este supuesto, las pensiones previsiblemente podrían ser más altas a las actuales. "Pero el objetivo es que disminuyan los presupuestos públicos para pensiones". Es decir, que previsiblemente las pensiones serán más bajas, señalan desde un importante organismo económico.
En la actualidad se toman los quince últimos años de cotización a la Seguridad Social para hallar la pensión. Si se toma toda la vida laboral para hacer el cálculo, la pensión se reducirá sustancialmente, ya que en los primeros años los salarios que se cobran suelen ser muy bajos. La diferencia entre el primer salario y el último puede ser de hasta 100 veces. Un ejemplo puede ser el de un joven con 21 años que comenzó cobrando 30 euros netos. Se ha jubilado recientemente con un sueldo de 3.600 euros mensuales netos. Tras abandonar el mercado laboral su pensión de jubilación final ha quedado en los 2.100 euros, es decir, ha perdido un 40 por ciento de poder adquisitivo.
Rentas medias y bajas, las más afectadas
La reforma posiblemente no le afectaría prácticamente, ya que la diferencia entre su salario y la pensión máxima de cotización es elevada, superior a la disminución que causaría el hecho de ampliar el cálculo de la vida laboral. Por encima de 40.000 euros brutos, la reforma planteada apenas variará el resultado de la pensión de jubilación, ya que la pérdida de poder adquisitivo que se produce actualmente ya es muy alta. Los colectivos que se verán más afectados son las rentas medias y bajas, ya que la base de cotización utilizada para hacer el cálculo se verá claramente mermada. Además, los autónomos podrían sufrir un importante cambio, ya que se estudia limitar la elección de base de cotización. Hasta ahora, muchos autónomos cotizan por la base mínima durante toda su vida y la aumentan en los últimos años para percibir una pensión mayor.
Cuánto menos se cobrará
Decir cuánto menos se cobrará es muy difícil, ya que en el cálculo de las pensiones entran numerosas variables: cuál es la base de cotización, los complementos o variables que se cobraban en activo (y que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la pensión), los años cotizados o el régimen de cotización, cuestiones que se están debatiendo aún en las reuniones de los agentes sociales. Desde la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco, apuntan que en la actualidad, lo habitual es que la pensión de jubilación suponga en torno a un 80 por ciento del último salario, en los mejores casos. "En otros países europeos, lo habitual es que este porcentaje se rebaje al 40 o al 50 por ciento. Es decir, que somos afortunados", comentan.
Desde ING Nationale Nederlanden explican que, en la actualidad, los que menos poder adquisitivo pierden son los que cobran salarios más bajos durante su vida en activo, comprendidos entre los 15.000 y los 20.000 euros brutos anuales. Sin embargo, los contribuyentes con rentas superiores a los 40.000 euros brutos anuales son los que más ven caer su nivel de vida. La pensión máxima de jubilación está ahora establecida en 34.526,8 euros anuales.
Desde ING calculan que el déficit entre el último salario y la pensión pública es de un 30 por ciento para quien se jubila con un salario de 50.000 euros, del 51 por ciento, para quien ganaba más de 70.000 euros anuales y superior al 70 por ciento para los contribuyentes con rentas superiores a los 100.000 euros. Con la reforma propuesta, previsiblemente notarán más cambio en sus pensiones las rentas medio-bajas que las altas, que ya sufren una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
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