El Gobierno juega a la nacionalización de cajas mientras la reforma sigue abierta

En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.

Pero lo cierto es que las negociaciones para tratar de alcanzar el máximo apoyo al texto sobre el Decreto del Plan de Reforzamiento del Sector Financiero que el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros siguen abiertas a todas las bandas. Bien es cierto que parece que el sector ha hecho llegar al Ejecutivo sus pretensiones y que son ahora los partidos políticos los que tienen en su mano la última palabra sobre la negociación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, anunció que si el Estado inyecta fondos en una entidad podrá ser accionista de ella "hasta un máximo de cinco años" para garantizar su saneamiento, tal y como había pedido ayer CiU. En el Congreso de los Diputados, Salgado aclaró que el Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero dejó entrever que tampoco se subastará inmediatamente la entidad.

Lo que preocupa de verdad

Pero la negociación no está respondiendo a las dudas e intereses de los implicados. La primera,  cómo se puede trasladar a la opinión financiera internacional la imagen de que la reforma va a ser sólida si no la apoya el único partido que puede ganar las elecciones generales, además del PSOE y modificar con otro decreto dentro de poco más de un año, si ganaran las elecciones, lo que ahora trata de reformar el Ejecutivo socialista.

También hay una gran duda sobre la adecuación de quien se vaya a encargar de llevar a cabo la reestructuración de la caja nacionalizada, si no cumple con las condiciones del decreto.

Los bancos quieren que se aligere la toma de decisiones para saber si tienen que apostar por ampliar su cuota de mercado nacional o no. Las cajas tratan de seguir encontrando apoyo en los partidos nacionalistas y en el PP para poder mantener su actual estructura sin tener que realizar más cambios de naturaleza jurídica y para en definitiva saber si lo que el Gobierno quiere es facilitar la tarea de que sean engullidas por los bancos. El diputado  de IU-ICV Joan Ridao, decía ayer que las reformas del sistema financiero llevarán a un "oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos", lo que acabará influyendo negativamente en el crédito.

En cuanto al coste para el erario público de las medidas financieras, Salgado minimizó el impacto y dijo que "apenas" llega al 1,5 por ciento del PIB, y destacó que el Tesoro lleva ingresados ya cerca de 3.000 millones con las actuaciones para reforzar la liquidez.

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