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La ANC insta a los funcionarios catalanes a desoír el 155 por ser "ilegal"

La ANC insta a los funcionarios catalanes a desoír el 155 por ser 'ilegal'
(Foto: EFE)
viernes 27 de octubre de 2017, 14:00h
"Recomendaciones a los funcionarios: el 155 que nos pretenden aplicar es ilegal", reza el mensaje difundido por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a través de Twitter, al que acompaña un documento con las instrucciones a seguir desde el momento "en el que el Parlament haya levantado la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña y el Gobierno de España trate de aplicar su dictado de excepción". La ANC llama a los funcionarios catalanes a desoír las medidas para la aplicación de este mecanismo, y a "sostener al Govern y al Parlament".

En su documento, la ANC comienza explicando que el artículo 155 es "un mecanismo de reacción ante el incumplimiento de una comunidad autónoma de las obligaciones que le impongan la ley o la Constitución, o ante una actuación que atente contra el interés general de España". A renglón seguido, asevera que las medidas para su aplicación "en ningún caso, pueden suponer suprimir o reducir los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni mucho menos pueden conllevar la derogación directa ni indirecta de las leyes mediante acuerdos unilaterales del Estado, a propuesta del Gobierno. Las medidas del 155 no pueden comportar ni la derogación ni la no aplicación del Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene naturaleza de ley orgánica e integra el bloque de constitucionalidad", asevera la entidad independentista.

"¿Por qué este 155 atenta contra los derechos fundamentales de los catalanes, y suponen la derogación o no aplicación de parte del Estado de autonomía de Cataluña, sin apoyo legal ni jurídico para hacerlo?", se cuestiona la ANC.

Según la ANC, el 155 "atenta contra los derechos fundamentales de los catalanes" al proponer la destitución del presidente y del Govern. "Las medidas propuestas con la excusa del artículo 155 vulneran el Estatuto, y el mismo artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho fundamental al sufragio, a la participación y la representación política. En cuanto al cese del Gobierno, el artículo 68.4 del Estatuto establece que está directamente ligado al cese del presidente; por tanto, las medidas propuestas vulneran la misma normativa especificada en el cese del presidente".

"Las medidas propuestas, que afectan a la totalidad del Gobierno de la Generalitat, suponen un grave atentado al principio de democracia (principio preeminente ante el principio de estado de derecho) regulado en el preámbulo de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. La afectación de departamentos como Educación o Interior, o los medios públicos de comunicación, también atenta contra el derecho de información, regulado por el artículo 11 de la Carta (libertad de los medios de comunicación y su pluralismo político); atenta contra la libertad de educación, establecido en el artículo 14; atenta contra la igualdad y no discriminación, que regulan los artículos 20 y 21 de la Carta. Además atenta también contra los derechos a la seguridad y de libertad de prensa, regulados por los artículos 17 y 20 de la Constitución", reza el texto difundido.

Ante las medidas propuestas para la aplicación del 155, la ANC señala las recomendaciones a seguir por parte de los funcionarios catalanes. A pesar de que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se han lanzado advertencias que instan a los empleados públicos a cumplir la ley y la Constitución, la ANC llama a la desobediencia ante "las instrucciones que alguien puede dar amparándose en estas medidas del artículo 155 propuestas por el Gobierno del Estado, ya que son medidas claramente contrarias al ordenamiento jurídico".

"La obligación de los funcionarios y las autoridades de cumplir la ley, no ampara obedecer órdenes claramente contrarias a la legalidad vigente, que se desprende de los tratados de la Unión Europea (de aplicación directa en España), de la Constitución española, del Estatuto de autonomía y el resto de normativa", asegura la ANC, que al considerar "ilegal" el 155, llama a desobecer las medidas propuestas.

La organización independentista asegura que se abren dos escenarios a partir de este viernes, "cuando el Parlament haya levantado la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña y el Gobierno de España trate de aplicar su dictado de excepción". Estas dos situaciones son:

1. "Que la República catalana pueda oponerse de manera efectiva. Los funcionarios están llamados a sostener el Govern y el Parlament legítimos", afirma la ANC.

2. "Que la violencia policial y militar española se imponga en primera instancia, parcial o totalmente. Emprenderemos una resistencia pasiva también desde la misma administración ante una autoridad no electa e ilegítima, que pretende dar instrucciones que contradicen los fundamentos del Estado de Derecho y persiguen los derechos fundamentales de la ciudadanía a la que nos debemos", concluye la entidad independentista.

¿Qué pretende hacer la Generalitat con los funcionarios?

La declaración de una república independiente en Cataluña pone en una situación delicada a los trabajadores públicos. Además del llamamiento de la ANC a no acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, está la propuesta de Junts Pel Sí y la CUP que se votará en el Parlament en la que se afirma que, salvo manifestación en contra, quedarán incluidos en la nueva administración catalana.

La propuesta de resolución de los independentistas recoge expresamente la petición al Govern de la Generalitat de que aplique la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República haciendo una mención especial a los funcionarios para que queden integrados, salvo que manifiesten lo contrario, en el nuevo sistema público catalán.

El Parlament, si da luz verde al documento, estaría instando a la Generalitat a "a establecer, de acuerdo con el artículo 17, el régimen de integración a la Administración de la Generalitat de Cataluña, salvo renuncia expresa de los mismos; de todos aquellos funcionarios, personal de España, que hasta la fecha prestaban sus servicios en la administración general de Cataluña, a la administración local de Cataluña, las universidades catalanas, la administración de justicia, la administración institucional del estado en Cataluña, o de los funcionarios, personal del estado español, de nacionalidad catalana, que presten sus servicios fuera de Cataluña".

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