La Generalitat tiene listas las estructuras de una Administración digital que debería ser la base de una futura república catalana, según un informe elaborado a instancias del consorcio Administració Oberta de Catalunya, dependiente de la Generalitat, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Según el diario, con datos interceptados al Estado, los independentistas están elaborando un censo, un listado de organizaciones públicas y privadas y un registro de la propiedad. El Gobierno catalán ha buscado la ayuda y el asesoramiento de Estonia, país líder en transformación digital.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona tiene pruebas de esos planes, encontradas en los registros de la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre ordenados por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en ese consorcio, el centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Fundación PuntCat.
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