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La crisis de la vivienda no ha terminado: en 2016 se ejecutaron más de 34.000 desahucios

La crisis de la vivienda no ha terminado: en 2016 se ejecutaron más de 34.000 desahucios

jueves 04 de mayo de 2017, 12:18h
Los desahucios y la crisis de la vivienda no han terminado en España. Esta es la principal conclusión del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación del derecho a la vivienda en nuestro país. Diez años después de que comenzara la crisis económica, el derecho a la vivienda sigue rodeado de “oscurantismo”, según denuncia la organización, que pone como ejemplo los 34.193 desahucios por impago de alquiler en 2016, en los que ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. Según Amnistía, esta crisis afecta especialmente a las mujeres, y tiene mayor incidencia entre las víctimas de violencia de género y aquellas que encabezan hogares monomarentales. "En lugar de tomar medidas para proteger a las miles de familias afectadas, las autoridades han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y proceso de desalojo, como consecuencias de las reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil", denuncia AI en su informe.

La directora adjunta de AI España, Eva Suárez-Llanos asegura que "no solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión. Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución".

"Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad", denuncia la directora adjunta de AI.

Los datos hablan por sí solos

Del informe de Amnistía Internacional se desprenden una serie de datos que ayudan a comprender la situación que atraviesa el derecho a la vivienda en nuestro país. Si en 2016, se produjeron más de 34.000 desahucios, desde el año 2013, la cifra supera los 140.000. El 34% de los desahucios ejecutados en España se produjeron en las provincias de Madrid y Barcelona, que acumulan el 26% de la población. En 2016, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo la hipoteca o alquiler. Esta situación afectó al 17,3% de los hogares monoparentales.

España es uno de los países que menos gasto público emplea en vivienda: el 0,5%, en comparación de países como Francia, un 1,44% o Eslovaquia, un 0,61%. El presupuesto público español para acceso a la vivienda y apoyo a la rehabilitación de viviendas en 2016 apenas superó los 587 millones de euros, lo que representa menos del 36,5% de los 1.606 millones de 2009. Esto significa que en 2016 las autoridades redujeron en un 63,5% el presupuesto en vivienda con respecto a 2009.

Esta tendencia se agudiza, ya que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se reduce aún más la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación: 466 millones, un 20,6% menos respecto del año pasado. España solo destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia.

A esto se une el hecho de que en nuestro país, es donde más se ha incrementado el gasto personal en vivienda en la UE, pasando del 17,4% del gasto total de un hogar en 2005 al 23% en 2015.

Las mujeres, las más perjudicadas

Este informe de Amnistía Internacional denuncia que los desahucios por impago de alquiler y la falta de acceso a la vivienda afectan especialmente a las mujeres, en concreto a las víctimas de violencia de género y a quienes encabezan hogares monomarentales. La organización lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres, ya que son quienes constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.
Un ejemplo es el hecho de que el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1%, asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de las cuales está encabezada por mujeres.

La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia de género. Aunque en teoría, según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.

De las 142.893 denuncias policiales/judiciales que se presentaron por violencia de género en juzgados de violencia sobre la mujer o en juzgados de guardia en 2016, solo 43.311 solicitaron órdenes de protección. De las solicitadas, tan solo se concedieron 24.367. En el caso de Madrid, se presentaron 5.810 solicitudes de orden de protección en 2016, de las que se aceptaron 2.954. Esto supone que más del 50% de las mujeres que denunció vio su denuncia rechazada, y, como consecuencia, podrían no haber tenido un acceso prioritario a la vivienda social.

"La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social", señala Koldo Casla, investigador de AI y autor del informe. "El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos".

Vanessa, de 34 años y con dos hijas, fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, y actualmente reside en Móstoles en el inmueble ocupado ‘La Dignidad’. "Alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas", declara. Asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social. "La trabajadora social me dice que no me puede ayudar porque tengo un piso en propiedad con una persona que me daba palizas, consumía drogas y bebía mucho", denuncia.

Sandra Filippella, de 40 años, nacionalidad argentina y residente en Barcelona, es otra muestra del desamparo. Y es que, aunque en Cataluña no es necesario el requisito de la sentencia condenatoria o la orden de protección, las víctimas de violencia de género también encuentran dificultades para ver garantizado su derecho a la vivienda. Víctima de malos tratos por parte de su ex pareja y después de perder su empleo, llegó un momento en que no pudo seguir pagando el alquiler y recibió una notificación de desahucio. "La opción que me ofrecían las trabajadoras sociales de alquilar una habitación no era válida para mí, con mis dos hijos adolescentes. Consideré ocupar una vivienda, porque me pareció que la coordinación entre los servicios sociales y los de apoyo a las víctimas de violencia simplemente no existía", asegura, mientras recuerda que gracias a su contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), consiguieron paralizar el desahucio. Tenía todas las cosas en cajas, esperando oír los porrazos. Todavía hoy temo oír ese ruido". Ahora vive en un piso de emergencia gestionado por la organización Hàbitat3, donde paga un alquiler asequible, y trabaja ayudando a otras mujeres que sufren violencia como ella.

Madrid y Barcelona acumulan el 34% de los desahucios

En Madrid la situación es especialmente preocupante para las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento. Amnistía Internacional se ha entrevistado con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, y denuncia que, a pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así. "Los gastos de alquiler subieron, muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública, y todo ha sucedido en un clima de miedo, estigmatización y desinformación", asegura Koldo Casla. Más de cuatro años después, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.

En cuanto a la situación en Cataluña, Amnistía Internacional denuncia que, a pesar de que se han dado pasos positivos sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos no siempre se cumplen. Como consecuencia, no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo a las personas en riesgo de exclusión social cuando existe una demanda de desalojo, especialmente cuando afecta a menores, personas con discapacidad o problemas de salud mental, o personas de avanzada edad.

Dada la realidad que dibuja este informe, Amnistía Internacional reclama al gobierno español que "garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpora salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad. Debe además adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados”.
“El gobierno debe presentar ante el Parlamento español un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico".

En cuanto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, AI solicita que "destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres".

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