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El demoledor informe de Bachelet para la ONU: denuncia las torturas en Venezuela y exige medidas urgentes
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(Foto: ONU /Jean Marc Ferré)

El demoledor informe de Bachelet para la ONU: denuncia las torturas en Venezuela y exige medidas urgentes

> Denuncia una estrategia para "reprimir" a la oposición política

viernes 05 de julio de 2019, 12:41h

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la chilena Michelle Bachelet, ha exigido al Gobierno venezolano tomar medidas sin dilación para detener y remediar las transgresiones graves de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

En un informe elaborado por orden del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina dice que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

El documento afirma que en la última década, y sobre todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Agrega que un conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

Destaca también la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe

Para escribir el informe se realizaron 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros 8 países. Toma en cuenta también otras fuentes y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada Bachelet, visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

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