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Malos tratos y un centenar de denuncias: así gestiona una empresa salpicada por la Gürtel una residencia de Leganés
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(Foto: Kike Rincón)

Malos tratos y un centenar de denuncias: así gestiona una empresa salpicada por la Gürtel una residencia de Leganés

viernes 19 de octubre de 2018, 09:35h
Los familiares y los habitantes de la Residencia Los Frailes de Leganés están hartos. Hace justo un año, Aralia, empresa salpicada por la trama Gürtel, comenzó a gestionar el centro y a causar multitud de incidencias que han provocado cientos de denuncias y varias multas de la propia Comunidad. En este escenario y al no encontrar mejora alguna, amenazan con encerrarse de forma indefinida hasta que el Ejecutivo de Ángel Garrido decida rescindir el contrato, que estará en vigor hasta 2020 con opción a una prórroga de 3 años.

"De aquí, como esto no cambie, no salgo". Emiliana, una anciana de avanzada edad, llegó a la Residencia Los Frailes hace tres años. En 2015, se cayó cuando miraba por la ventana de la habitación que ocupaba en la de General Ricardos y, entonces, su familia decidió llevársela a Leganés.

Allí, recuperó una salud que ahora, dice, pierde día a día. Sobre todo, desde hace un año, cuando la residencia en la que vive empezó a gestionarla la empresa Aralia, que logró un contrato que llega hasta 2020 y con posibilidad de prorrogarse durante tres años más, para "calvario" de las personas de tercera edad que pasan su tiempo allí. En total, cuenta con una capacidad de 220 plazas repartidas entre el servicio de residencia que da atención a personas mayores de 55 años dependientes y el de centro de día.

A las puertas de la residencia, la familiar de una compañera de Emiliana enseña a Madridiario una foto de su madre con las piernas llenas de golpes. Una más de las centenares de quejas que ha recibido este centro desde hace 365 días, en los que le ha dado tiempo a no contratar a una animadora social y haber ‘escondido’ el único desfibrilador del lugar en lo alto de un armario.

Una pierna de una usuaria de la Residencia Los Frailes.

“La comida es pésima, hay una falta de personal terrible, pierden la ropa de nuestros mayores…”, explica Rafael Adrián. Junto al resto de residentes y familiares que se han reunido con este digital, él, que ejerce de portavoz, enumera uno a uno todos los problemas a los que se enfrentan sus mayores.

“Se cae una persona y no encuentras quién le ayude, les ponen un plato único les guste o no y le dan comida a los seniles con una prisa que ni te imaginas”, cuenta. Las deficiencias llegan hasta tal punto que la residencia no contaba con un listado de pacientes diabéticos, algo obligatorio por ley.

A su discurso, además, también suman sus declaraciones otros familiares presentes en el encuentro. “Cuando llego a recoger a mi madre por las mañanas, las cuidadoras hay días que ni me ven porque están dedicadas al libro de incidencias”, salta otra, que también forma parte del comité que han creado los familiares afectados para darle solución al conflicto. Todos ellos, conscientes de la fecha en la que empezaron los problemas: cuando la empresa se hizo con la concesión.

Desde el primer día hay un montón de incidencias”, sigue explicando Adrián, que revela, además, que la empresa que gestiona Los Frailes tiene lazos con la Gürtel: Aralia fue propiedad de José Luis Ulibarri hasta que entró en la cárcel por su implicación en la trama. Eso sí, no se deshizo de ella. La compañía, también investigada por la Udef,nombró como administradores tanto a su mujer, Milagros Fernández, como a su hijo, Enrique Ulibarri. Además, hicieron apoderado y director al marido de su primogénita, Álvaro Guillén Durán. Estos líos judiciales, en cambio, no imposibilitaron que la empresa concurriera a un concurso que ganó rebajando hasta los 12 millones un servicio que unos años antes había costado 18.

Familiares y usuarios, en una reunión mantenida con Madridiario. (Fuente: Kike Rincón)

El gran problema, la Ley de contratos de la Comunidad, en la que inciden los familiares: “No se puede consentir que haya una subasta con nuestros mayores”. Una crítica similar a la que ya ha hecho referencia, entre muchos otros, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez-Chamorro.

Pero, por si fuera poco lo contado hasta ahora, los familiares también alertan de que esta empresa ha logrado concursos para gestionar residencias de mayores en otras comunidades y, al presentar incidencias similares, han rescindido su contrato. En 2014, por ejemplo, una fiscal reclamó responsabilidad civil a Aralia por la muerte de una anciana en un centro de Zaragoza llevado por el grupo.

Visto el escenario y sin visos de solucionarse, Rafael se ha propuesto ir un paso más allá ante los pensamientos de algunos de los ancianos con los que conversa de manera habitual. “Alguno te dice que ha pensado en cometer una barbaridad porque en la cárcel viviría mejor”, declara.

Así, el comité afectado valora encerrarse en el centro. Es uno de los últimos movimientos que pueden dar, dice, para que la voz de los familiares sea escuchada. “Nos hemos quejado a la empresa y a la Comunidad y ambas se han lavado las manos. Ya solo nos queda tomar medidas drásticas”. Eso sí, primero estudiarán la legalidad de hacer un encierro al que también invitarán a políticos de formaciones como Leganemos, Podemoso el PSOE quienes, tanto a nivel municipal como autonómico, han estado acompañándoles en varias ocasiones.

“Lo último que me faltaba es que me empapelaran por encerrarme, es lo que están deseando”, argumenta el portavoz, que también ha pensado en montar una tienda de campaña en la puerta de Los Frailes.

Un familiar y una usuaria de la Residencia Los Frailes. (Fuente: Kike Rincón)

La Comunidad sanciona pero no rescinde

Desde el primer día, el comité de afectados ha realizado acciones para implicar a la clase política en su problema. Primero fue a nivel municipal, cuando en Leganés se aprobó por unanimidad una moción de Leganemos, presentada por el concejal Fran Muñoz, en la que se recogían las quejas de los familiares, como el incumplimiento de ratios o la falta de material adecuado para tratar a los mayores.

Más tarde, el asunto saltó a la Asamblea de Madrid, tanto en comisión como en Pleno. “Profesionales doblando turno, comidas de baja calidad o falta de menús específicos, basta al mercantilismo de estos servicios”, denunció desde su escaño la diputada del PSOE Josefa Navarro en una sesión parlamentaria el pasado mes de junio.

A esa intervención, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, respondió con dos cifras: la inversión regional en los últimos dos años -más de 370.000 euros- y el número de inspecciones desde 2015 -15-, la misma información que se les trasladó a los familiares en una reunión mantenida con el director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González.

Eso sí, cuando fue llamado a la comisión del ramo por Podemos y PSOE, González se limitó a recordar que la licitación fue “legal”, lo que no le impidió reconocer incumplimientos por parte de Aralia que derivaron en sendos expedientes y penalidades.

Además, González no descartó rescindir el contrato aunque con vaguedades, como las que le llevaron a pedir un tiempo de “cortesía básico” para que la empresa “pudiera realizar una planificación, organización y gestión eficaz de los recursos con el mínimo sosiego.

Una de las usuarias de la Residencia Los Frailes de Leganés. (Fuente: Kike Rincón)

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