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Reino Unido quiere controlar a los inmigrantes irregulares con pulseras electrónicas

El primer ministro británico, Rishi Sunak
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El primer ministro británico, Rishi Sunak (Foto: Gobierno británico)
Por Eva Cifuentes (Diariocrítico.com)
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ecifuentesdiariocriticocom/10/10/24
martes 29 de agosto de 2023, 10:40h

Reino Unido sigue inmerso en su cruzada para frenar y detener la inmigración irregular en el país y de nuevo se ha puesto sobre la mesa una medida polémica: pulseras electrónicas.

El diario 'The Times' ha adelantado la controvertida medida que el Ejecutivo de Rishi Sunak está estudiando y según ha informado, ya se contemplaba en la nueva ley de inmigración que se aprobó en el mes de julio.

La normativa obliga a detener y a deportar en última instancia a los inmigrantes irregulares que se encuentren en el país. Un tribunal de apelación declaró ilegales los planes de Sunak para combatir la inmigración y el Gobierno recurrió al Tribunal Supremo.

Se espera que en octubre se pronuncie y el Primer Ministro confía en que el fallo sea a favor del Ejecutivo y así poder iniciar las deportaciones y medidas adicionales como la de los brazaletes electrónicos.

Los centros de detención, saturados

La idea de los brazaletes responde a la saturación de los centros de detención, pues están todos prácticamente llenos ya que tienen poca capacidad en comparación al número de llegadas.

Tienen capacidad para unas 2.000 personas, pero según los datos de Interior hasta 175.000 personas están esperando a que se tramite su solicitud, lo que supone un 44% más de solicitantes que el año anterior.

En lo que va de año han llegado unos 19.000 inmigrantes, que se suman a los que ya están en el país de manera irregular.

La ministra del Interior, Suella Braverman, ha subrayado la necesidad de una medida del estilo para "controlar" a los inmigrantes irregulares ya que todavía no se ha aumentado lo necesario la capacidad de los centros de detención.

"Tenemos que ejercer un control sobre las personas si vamos a expulsarlas del Reino Unido", ha remarcado la ministra a 'Sky News'. "Estamos estudiando todas las opciones. Estamos trabajando intensamente para aumentar la capacidad [de los centros de detención], pero debemos tener en cuenta todas las opciones para asegurar que tenemos un nivel de control sobre las personas, para que puedan avanzar con rapidez en el sistema y poder sacarlos del país", ha puntualizado.

El citado ministerio ha confirmado que ya se está aplicando esta medida en algunos casos, aunque dada la gran cantidad de personas, existen dudas sobre su viabilidad logística y económica.

Además está la cuestión de la legalidad, pues varias organizaciones de derechos humanos ya han mostrado sus críticas al considerarlo como una vulneración de la libertad de los recién llegados.

El pronunciamiento del Supremo será clave para seguir con los planes o tener que dar marcha atrás.

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