El lehendakari, Juan José Ibarretxe, afirmó en su intervención en el último pleno de política general de este legislatura que la consulta se llegará a celebrar "pese a los límites de la alambrada" que el PSOE y PP han puesto a través del Tribunal Constitucional. Tras calificar de "pírrica victoria" la del presidente Zapatero, al "imponer" la suspensión de la Ley de Consulta, aseguró que los vascos reclamarán en Europa el derecho a decidir porque el Estado español "está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
El lehendakari aseguró que los miembros del Gobierno vasco, "a título personal, junto con otros miles y miles de ciudadanos vascos, van a alzar su voz en Europa con el objetivo de restituir el derecho de opinión y participación política, que injusta e incomprensiblemente ha sido suspendido".
"Si una simple consulta puede poner en riesgo, nada más y nada menos, que la sacrosanta soberanía de la nación española, es que realmente la nación española es muy endeble", aseveró.
Tras señalar que sólo podrá existir "una relación de convivencia libre entre el pueblo vasco y el pueblo español", si a los vascos se les permite expresar su opinión al respecto, Ibarretxe aseguró que la decisión del TC es "un ataque frontal al autogobierno político", por lo que apostó "por una respuesta serena y pacífica, pero también firme y contundente". En este sentido, destacó que la sociedad "le ha quitado a ETA la llave y el protagonismo" porque "ETA jamás decidirá el futuro de la sociedad vasca".
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Pese a ello, afirmó que
no retirará "la mano tendida" a Zapatero porque
"es preciso lograr un acuerdo de normalización, respetando el derecho de la ciudadanía vasca a ser consultada". "Hemos recorrido un camino que no tiene vuelta atrás, pero tenemos pendiente de abordar un verdadero proceso de Diálogo con mayúsculas y sin exclusiones", insistió.
Ilegalización de EHAK y ANV
Asimismo, dijo que la ilegalización de EHAK y ANV, "confirman una estrategia política puesta en marcha" con la Ley de Partidos, que ha traído "como consecuencia la criminalización del diálogo y la exclusión democrática de una parte de la sociedad vasca".
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