La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció hoy que llevará a cabo una "campaña indirecta" en contra de la nueva Carta Magna impulsada por el Gobierno de Evo Morales, de cara al futuro referendo constitucional.
El presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub, dijo en una rueda de prensa con medios internacionales que la campaña incidirá en los aspectos políticos y económicos del proyecto constitucional, de 411 artículos, que el sector privado desaprueba.
El dirigente empresarial explicó que la campaña será "indirecta" porque no pedirá explícitamente el "no" al texto constitucional sino que se centrará en rebatir varios contenidos del proyecto con los que la CEPB no está de acuerdo.
El Gobierno de Morales negocia desde hace varias semanas un acuerdo con la oposición de los prefectos (gobernadores) autonomistas y los parlamentarios de otras fuerzas políticas para lograr que el Congreso convoque el referendo constitucional, que incluirá dos consultas.
Una de las preguntas debe decidir la superficie -5.000 ó 10.000 hectáreas- por la que un latifundio podrá ser expropiado por el Gobierno y la otra se referirá al texto constitucional en su conjunto.
A cambio, el mandatario ofreció a sus opositores "corregir" el texto de la nueva constitución en lo referido a las autonomías, aunque sus rivales políticos reclaman cambios más profundos y en otras áreas.
Por ejemplo, los empresarios de la CEPB piden revisar aspectos como las limitaciones a las inversiones extranjeras y a las "herencias colectivas" sobre tierras, entre los casi cincuenta aspectos polémicos que han detectado en el proyecto.
Dabdoub dijo que su organización ultima un informe sobre la lista de artículos del texto constitucional que afectan los derechos ciudadanos y contra los que se hará la campaña.
Destacó que el sector privado tendrá una participación "activa" en el debate constitucional y defenderá una "visión nacional" y de unidad en el país.
Dabdoub, un próspero empresario de la región oriental de Santa Cruz, afirmó que si le enmarcan dentro de los opositores a Morales, realizará en todo caso una "oposición constructiva, no destructiva".
El diálogo entre Morales y sus opositores se inició tras la ola de violencia que afectó al país en el mes de septiembre y que dejó al menos 18 muertos, según las diversas cifras ofrecidas por el Gobierno.
Dabdoub admitió que durante esta crisis hubo riesgo real de fuertes enfrentamientos armados en Santa Cruz, una región que estuvo cercada varios días por sectores sociales afines al Gobierno que finalmente levantaron sus medidas de presión.
También criticó la actuación de los grupos radicales autonomistas que ocuparon y destrozaron violentamente varias entidades del Estado y la empresa pública de telecomunicaciones Entel en la ciudad de Santa Cruz.
A su juicio, esos grupos "rebasaron" el control de los líderes del movimiento autonomista, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic.
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