Crece en el país la percepción de inseguridad ciudadana. Es ingenuo atribuir este hecho a la difusión de la crónica roja en los noticieros y suponer que se reducirá con la prohibición de difundir ciertas imágenes. La percepción responde a un incremento sostenido de los delitos, no solo en el número, sino en la forma más audaz y violenta con la cual se los comete, y porque en ellos participan bandas delictivas que cuentan con armas sofisticadas y equipos de comunicación, así como entre sus integrantes, en no pocos casos, con delincuentes de países vecinos.
Solo en lo que va del año, 17 policías fallecieron en enfrentamientos directos con delincuentes. En Guayaquil, en las últimas semanas, aumentaron los delitos en un 30%, según la Corporación de Seguridad Ciudadana. En Quito, ocho de cada 10 ciudadanos han sido víctimas de algún delito contra la propiedad o las personas, según un estudio de la Cámara de Comercio.
Entre enero y agosto de este año, la Policía recibió 3 000 denuncias de delitos más que las de ese mismo período en el año precedente, según las estadísticas policiales. Y, como se conoce, existe un subregistro, porque la ciudadanía no presenta la denuncia por desconfianza en la eficacia de la acción policial. El Gobierno anunció el mes pasado el Plan de Seguridad, con un presupuesto para este año y el siguiente de $320 millones. Es pronto para ver resultados. Pero en los últimos años, a pesar de los mayores gastos públicos y privados en seguridad, no se ha detenido el azote delictivo.
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