El Ejecutivo insistió en que las medidas del estado de emergencia social, decretado para afrontar la quiebras y estafas de las "pirámides", buscan proteger al público.
El controvertido empresario David Murcia Guzmán, creador de DMG, emplazó al Ejecutivo a sentarse a dialogar, luego de que la Policía ocupara las 60 sedes de esa firma que comercializa electrodomésticos y otros servicios por medio de tarjetas de consumo.
Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara y de origen humilde, aseguró desde Panamá que de su sociedad dependen 200.000 colombianos y que en esa firma hay accionistas extranjeros y se negociaba su franquicia para Brasil y otras naciones.
Los abogados y directivos de DMG convocaron una rueda de prensa en Bogotá en la que aseguraron que este grupo no ha cometido ningún ilícito y acusaron al Estado de "violar flagrantemente la ley" al sancionar a la empresa, que "no ha cometido ilícito alguno".
La Presidencia de Colombia recordó hoy en un comunicado que uno de los primeros decretos dictados ayer dentro del estado de emergencia considera "delito sin excarcelación la conducta de no devolver los dineros captados en forma ilegal, cualquiera sea su naturaleza".
Precisó que las leyes locales permiten que los fiscales "suspendan la acción penal contra quienes manifiesten la voluntad de devolver los dineros y efectivamente los devuelvan".
Si (
No(
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