Las cámaras vigilan más calles del Centro

Con esta medida, el Gobierno municipal pretende reducir el problema de delincuencia y prostitución que hay en la zona. El sistema está constituido por 30 cámaras móviles y otra fija para controlar el tránsito y paso a la zona establecida, en la que se ejerce la prostitución y que registra una tasa de delincuencia superior a la media de la ciudad. La zona de seguridad comprende la calle de la Montera; la Gran Vía, en el tramo comprendido entre la Red de San Luis y la plaza de Callao, y la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y su entorno.

El Área de Gobierno de Seguridad activó en marzo de 2004 un dispositivo especial de vigilancia intensiva en estos tramos del distrito. Desde entonces se realizaron 188.949 actuaciones, entre ellas 1.724 detenciones por distintos conceptos y 217 denuncias por tenencia de armas. A pesar de las medidas policiales, el número de infracciones penales en este perímetro sigue siendo más elevado que en el resto de la ciudad.

Por eso, desde el Ayuntamiento argumentaron que la presencia policial se debía complementar con la implantación de un sistema de videovigilancia, que tienen un efecto disuasorio. Igual que ocurrió con la instalación de las cámaras en la plaza Mayor en diciembre de 2005, esta propuesta nace dentro del ámbito de la Ley Orgánica que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Videovigilancia
La capacidad de almacenamiento de imágenes es de un máximo de siete días, al cabo de los cuales el vídeo se borra, y la gestión de la videovigilancia se realizará desde la Unidad de Policía Municipal de la calle de la Montera, que cuenta con el respaldo del centro de integración de CCTV policial (CI-CCTV), donde se reciben todas las imágenes actualmente disponibles. La Comisión de Videovigilancia está integrada por el Ayuntamiento de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y la Delegación del Gobierno.

A pesar de la medida y de la adquisición de la mayoría de locales de alterne de la zona, la mayoría de las prostitutas de Montera y Ballesta siguieron trabajando. Desde la asociación Hetaira denunciaron que la medida se trataba de una forma de hostigamiento del Ayuntamiento.