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Organizaciones sociales piden a Aguirre un nuevo plan energético

jueves 04 de diciembre de 2008, 14:13h
Actualizado: 05 de diciembre de 2008, 13:53h
CCOO, UGT, diversas organizaciones ecologistas, vecinos y asociaciones de consumidores presentaron este jueves en el registro de la Comunidad de Madrid una carta destinada a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que le reclaman un compromiso firme contra el cambio climático con un nuevo plan energético que fomente la eficiencia y el ahorro energético, el desarrollo de energías renovables y la potenciación del transporte público, informaron los sindicatos.
La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las regiones en las que más crecieron las emisiones de CO2, según un informe de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO. En concreto, la región aumentó sus emisiones un 76 por ciento entre 1990 y 2007, mientras que la media nacional fue del 53 por ciento. 

Para revertir esta situación, el secretario de Medio Ambiente de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, emplazó a la jefa del Ejecutivo madrileño a impulsar un nuevo plan energético, tildando el actual de "famélico". Según Plaza, el plan regional se aprobó "en su momento sin ninguna participación de los agentes sociales". Además, criticó que la estrategia regional de cambio climático esté caracterizada por "la escasez de compromisos, calendarios, objetivos, planes y dotaciones para su desarrollo".

El sindicalista cree "necesario" que se apueste por "políticas de sostenibilidad, con modelos de desarrollo en los que prime la reducción, tanto de residuos como de emisiones, basados en la participación de los agentes sociales, y que se busquen cauces de concienciación en toda la sociedad madrileña".

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Marisa Rufino, demandó al Gobierno de Aguirre que impulse "un nueva plan energétio y desarrolle estrategias regionales para frenar el incremento de los gases con efecto invernadero". "Se necesitan políticas sostenibles y campañas de concienciación social para sensibilizar a los ciudadanos en este ámbito", aseveró.

Asimismo, Rufino criticó que la Comunidad esté por encima de la media nacional en cuanto a emisiones de gases, recordando que "el cambio climático está ahí y está reconocido científicamente". Además, recalcó que este aumento "afecta a la economía" de la región.

Políticas gubernamentales
Para alcanzar los objetivos internacionales de reducción de emisiones de Kyoto, según Plaza, se requieren "políticas gubernamentales, la colaboración de todas las administraciones locales y autonómicas, organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas".

A juicio del sindicalista, la elevada emisión de CO2 está relacionada con "la generación y consumo de energía y bienes, muy importantes dada la concentración de población de la ciudad de Madrid, la contaminación causada por el transporte o la generación de residuos en una comunidad importante a nivel industrial y donde la mayoría de las empresas carece de un plan de gestión medioambiental".

Además, recalcó que el sector energético es "uno de los mayores responsables en el aumento de los gases de efecto invernadero, debido a la electricidad, al transporte por carretera y, en el caso de Madrid, las emisiones del aeropuerto de Barajas".

La Comunidad defiende su modelo

El Gobierno regional replicó a los ecologistas que las emisiones de CO2 generadas por la Comunidad de Madrid representan el 5 por ciento del total nacional y les recordó que la protección del medio ambiente es la "piedra angular" de la acción del Ejecutivo madrileño, después de que CCOO, UGT, vecinos y diversas organizaciones ecologistas se concentraran esta mañana para demandar a Esperanza Aguirre un nuevo plan energético para frenar el incremento de las emisiones de CO2.

Por ello, la Comunidad quiso aclarar que gracias a sus políticas medioambientales, las emisiones representan el 5 por ciento del total nacional, lo que se traduce en que, mientras cada habitante de la región emite al año 4,6 toneladas de CO2, en otras comunidades, como Cataluña, este ratio es de 7,8 toneladas por habitante y año.
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