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La bancada del PRI en el Senado demandó la suspensión definitiva del decreto para importar autos usados y exhortó a los gobiernos de los tres niveles a no decomisar vehículos irregulares en el norte del país, pues impacta la economía.
En entrevista, el senador Fernando Castro dijo que en los estados fronterizos los inconformes se han movilizado contra las autoridades hacendarias y policiacas "que han criminalizando a los propietarios de autos importados, a quienes les es cada vez más difícil legalizarlos".
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, afirmó que el decreto ha provocado que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Policía Federal Preventiva hagan operativos contra vehículos irregulares "acompañados del uso excesivo de la fuerza".
Por ello, hizo un llamado urgente a los gobiernos estatales y municipales, así como al Ejecutivo federal para que se suspendan los operativos de decomiso y/o detención de unidades de procedencia extranjera irregulares.
"Esto puede incidir en la economía de la frontera y desalentar el desarrollo regional al provocar el cierre de fuentes de trabajo, que agudizaría los problemas de la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades", agregó.
Castro Trenti sostuvo que el decreto obliga a los importadores a presentar ante Aduanas un certificado de origen válido, suscrito por la compañía armadora, lo que es un requisito inútil y difícil de obtener.
Además, el decreto viola el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que especifica que a partir del 1 de enero de 2009 México no podrá adoptar ni mantener restricciones a la importación de vehículos con al menos 10 años de antigüedad.
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