El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, confirmó ayer la reestructuración de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) de la Policía. La decisión respondería, según el ministro, a varios informes que señalan la injerencia de los Estados Unidos en el funcionamiento de la Uies.
No obstante, existe de por medio otro hecho que induce a que se generen otras sospechas en torno a dicha reestructuración: esa unidad especial, como otras de las Dirección Nacional Antinarcóticos, estuvo a cargo de las operaciones "Huracán Verde" y "Huracán de la Frontera", que han permitido desmontar la red de narcotráfico cuyos cabecillas serían los hermanos Ostaiza, red que transportaba estupefacientes a México y a la que se vincula con la guerrilla de las FARC. Además, la Fiscalía Antinarcóticos señala por supuestos nexos con los hermanos Ostaiza a José Ignacio Chauvin, ex subsecretario de Gobierno y cercano colaborador del ex ministro Gustavo Larrea.
De otro lado, en la lucha antinarcóticos existe una relación de las unidades policiales de centenares de países en todo el mundo con la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se dedica a combatir el tráfico y consumo de drogas.
El fiscal Jorge Solórzano había pedido que, para proseguir la investigación, se mantuviera a los oficiales que estuvieron a cargo de las operaciones que han logrado desmantelar la red de narcotráfico. Frente a un logro de esa índole, parece un sospechoso contrasentido decidir la transferencia de los oficiales que se encargaron del caso a otras unidades policiales.
El propio ministro Jalkh, al posesionarse de su cargo, prometió que el Ejecutivo daría todas las garantías a la Fiscalía y a la Justica para investigar el caso Chauvin. El sentido común señala la conveniencia de la continuidad en la investigación de los oficiales de la Uies que desmantelaron la red de los hermanos Ostaiza.
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