¿Es
Garzón un juez prevaricador, tal como sostiene el PP? ¿Se ha abierto una causa general contra el principal partido de la oposición, en puertas de las elecciones vascas y gallegas? o ¿Estamos ante un nuevo caso de corrupción insoportable para un Estado democrático? Todas estas preguntas, aun sin respuesta, están enrareciendo, y mucho, la cita con las urnas de mañana domingo.
Sea como fuere los populares -sobre los que Garzón ha lanzado un manto de sospecha- van a tener muy complicado demostrar que el juez ha cometido un delito repugnante para un jurista y, de hecho, se pueden contar con los dedos de una mano los jueces que en España han sido condenados por emitir a sabiendas una sentencia injusta. Sin embargo está meridianamente claro que el juez estrella, tal como ha dicho la Fiscalía, está actuando de forma arbitraria y jugando con un secreto sumarial de quita y pon que abre o cierra a conveniencia.
Está claro que Garzón se comporta de forma malévola y maneja los datos del sumario a voluntad, administrando la información de la que dispone para poner en el disparadero para incriminar cuando le conviene a dirigentes del
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principal partido de la oposición.
Está claro que no es competente para seguir con el caso Gürtell si, tal como parece, hay aforados en la presunta trama de corrupción, pero quiere llevar las cosas al limite, situarse en el filo de la ley y ganar tiempo. Eso es así, pero una cosa es que Garzón con su actitud mancille la independencia judicial y otra que los hechos que se le imputan al PP no sean gravísimos. Si finalmente uno de los imputados es el tesorero del partido y se demuestra con pruebas fehacientes -no con insidias- que ha habido financiación ilegal eso sería un delito grave que debería traer aparejadas responsabilidades políticas al máximo nivel.
Si estuviéramos ante un nuevo caso Filesa -el cual laminó y se llevó por delante a destacados socialistas- la vara de medir judicial, política y ciudadana deber ser idéntica para esta ocasión aunque el partido afectado sea diferente. La corrupción en política es un pecado capital y la única penitencia posible es la expulsión de los corruptos de la cosa pública.
Que el investigador no sea imparcial y que administre la justicia para satisfacer su ego o que tenga fobias y filias que le ciegan no es motivo para que no se separe el grano de la paja y sobre todo para que se llegue hasta el final caiga quien caiga. Sólo así saldremos ganando todos: el PP que debe deshacerse de sus manzanas podridas y también los ciudadanos que estamos contemplando atónitos el espectáculo.