PSOE pide al Constitucional reabrir la comisión de espías

Esta decisión del grupo parlamentario se ha tomado después de conocerse que dos ex concejales del PP de Torrelodones fueron espiados tras denunciar ante el partido un presunto caso de corrupción en el municipio. La portavoz del PSOE, Maru Menéndez, criticó el "cerrojazo" a la Comisión de Investigación por parte del PP en contra de los deseos de la oposición, lo que a su juicio supone una vulneración de los derechos de representación de los ciudadanos que tienen los grupos parlamentarios.

Menéndez hizo memoria del transcurso de la comisión de investigación y criticó algunos aspectos como el hecho de que, a su juicio, no se aceptaran comparecientes de PSOE e IU que no hubiera reclamado también el Grupo Popular o que la comisión fuera una "comisión delegada" de la Mesa de la Asamblea, y no tuviera autonomía propia. "No compareció ninguna persona que hubieramos solicitado IU o el PSOE si no había sido solicitada también por el PP", aseveró.

Asimismo, señaló que cuando se empezaron a "desvelar los hechos" con "tremendas contradicciones" y cuando, a su juicio, se conocieron tres redes paralelas de seguridad, se procedió al "cerrojazo" del órgano por parte de la Mesa de la Cámara. La portavoz socialista consideró que también se ha "violentado de forma grave" la división de poderes, ya que a su juicio, la comisión se cerró con un dictamen con origen en el Ejecutivo regional, hecho que no es posible si se repeta la separación de poderes.

Dictamen
"Fue el Gobierno de Esperanza Aguirre el que introdujo en el orden del día del pleno de 18 de marzo por vía extraordinaria y urgente un dictamen por la comisión de investigación que no había sido discutido por la comisión", aseguró Menéndez en referencia al hecho de que es necesaria la aprobación en comisión para que un punto pase a pleno.

En esta línea, Menéndez se refirió a los presuntos casos de espionaje que han surgido en los últimos días en el municipio madrileño de Torrelodones y consideró que se trata de "otro desgraciado asunto", que se suma a la "vergüenza institucional y democrática" que se está vivinedo en la Comunidad de Madrid, donde "ocurren cuestiones que no podrían ocurrir en ningún país desarrollado y en el marco de un Estado de Derecho".