La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se cumple parcialmente en algunos casos y en otros simplemente no se la cumple. Esto solo es un indicio de la crónica falta de una cultura de transparencia en la administración pública.
Una forma de incumplimiento es no poner al día la información requerida sobre nombramientos, remuneraciones, presupuestos, licitaciones, concursos y otras informaciones y reducir a datos generales la información institucional. La Defensoría del Pueblo está obligada a exigir que las instituciones mantengan actualizada la información en los portales electrónicos.
Otra forma de incumplimiento de la Ley de Transparencia es la negativa a entregar información bajo la invocación de subterfugios legales.
En general, el uso abusivo de las declaraciones de emergencia es tierra propicia para no transparentar información y convertir en imposible o en extremo difícil el acceso a esta en cuanto a contratos y uso de los recursos movilizados por las emergencias. Un caso más concreto de incumplimiento de la Ley de Transparencia expuso ayer este Diario que acudió al gerente subrogante de la CFN para acceder a información sobre los préstamos que la Corporación ha entregado a personas naturales y jurídicas en los tres últimos años, entre los que se constan 33 préstamos otorgados a empresas que tienen menos de dos años. Sin embargo, el funcionario negó esa información invocando sigilo y reserva previstos para el sistema financiero general y en la Ley Orgánica de la CFN.
No obstante, según la Ley de Transparencia, como observó Participación Ciudadana, "la información reservada debe ser previamente calificada como tal y constar en un índice que las instituciones deben elaborar por temas".
La Ley de Transparencia rige también para la CFN, así como para todas las demás entidades que manejan los recursos públicos.
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