Alejandro Muñoz, opositor al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, entregará hoy una carta a la Secretaría de Gobernación en la que establece cinco puntos fundamentales para reanudar las mesas de diálogo.
En el documento, se exige al titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, presente un informe sobre los perfiles y la cantidad exacta de vacantes para la contratación en la nueva empresa que brindará el servicio eléctrico a los mexicanos.
También se solicita “reinstalar al mayor número de trabajadores que sea posible”, extender a seis meses la cobertura de servicios de salud a los ex empleados y recibir a la representación formal de los jubilados del SME, con el fin de que se les dé una explicación sobre las prestaciones y derechos que tienen, a partir de la liquidación de la empresa.
En tanto, la Cámara de Diputados se tomó dos semanas para estudiar si es viable llevar a la Suprema Corte una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal, por decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En la sesión en que se instaló el grupo de trabajo con diputados de los seis grupos parlamentarios, los legisladores del PRD y PT pidieron que en el estudio jurídico del cierre de Luz y Fuerza sean llamados expertos a aportar sus puntos de vista.
Legisladores del PAN rechazaron esa posibilidad, por considerar que se rebasaría el alcance del mandato que recibieron del pleno de los diputados.
Por su parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), presentará mañana una denuncia contra el gobierno federal por despido injustificado de las poco más de 44 mil personas que laboraban en LyFC, además de que entregará a la Cámara de Diputados datos de convenios con esa empresa que había negado al Legislativo la Secretaría de Energía y que tiene que ver, entre otras cosas, con los mil 100 kilómetros de fibra óptica de esa compañía.
Martín Esparza, dirigente del sindicato de electricistas, subrayó que esta información servirá a diputados, principalmente del PRD y PT, que promueven una controversia constitucional en contra del gobierno federal al considerar que éste rebasó sus atribuciones al decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro.