Amplios sectores ciudadanos se han manifestado en contra del Proyecto de Ley de Comunicación aprobado al apuro por los asambleístas del movimiento político del Gobierno en la Comisión Ocasional de Comunicación, que pasó ya el texto legal para el primer debate en el pleno de la Asamblea.
Ahora, se suman a ellos algunos asambleístas de AP que han expresado sus críticas al proyecto; por ejemplo, el inaceptable control de contenidos; o la creación del Consejo de Comunicación e Información como un organismo sancionador que, a la par, dicta las políticas de comunicación, vigila, juzga y amonesta, multa, suspende o clausura medios; o la obligación del registro previo para el funcionamiento de los medios y la exigencia de título de periodismo para redactar noticias o para desempeñar la dirección editorial de los medios... Inclusive, el propio presidente de la Asamblea, arquitecto Fernando Cordero, ha declarado que si el Proyecto de Ley de Comunicación vulnera derechos básicos, se lo echará en el tacho de la basura. Un proyecto mal concebido, que lesiona los derechos consagrados por la Constitución y tiene vacíos e incoherencias, no es materia prima útil para la elaboración de una ley orgánica de comunicación. Archivarlo ayudará a proponer otros proyectos en los que el Estado reconozca y garantice la libertad de expresión y de prensa, no como una graciosa concesión de la autoridad pública, sino como un derecho básico de las personas y las sociedades, y para que no se creen mordazas a través de organismos burocráticos que, manejados con fácil mayoría gubernamental, se constituyan en tribunales para sancionar a periodistas y medios. Los delitos o infracciones en esta área tienen leyes vigentes que los castigan en las jurisdicciones penal y civil.
Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, de acuerdos y discrepancias, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible construir una democracia.
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