Los sindicatos presentes en la Función Pública, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT, trataron y valoraron hoy junto a la Administración la propuesta presentada por el Ejecutivo que fija la subida salarial en el IPC y la cláusula de revisión salarial cada dos años. El tema de las retribuciones fue el que más debate generó, ante las diferencias de patronal y sindicatos que se niegan a que los funcionarios "pierdan poder adquisitivo".
El documento presentado por el Gobierno de Navarra recoge un total de 19 puntos. En la reunión de hoy, sindicatos y Administración analizaron lo referente hasta el apartado 9, por lo que volverán a reunirse el próximo lunes, 1 de febrero, para seguir tratando de alcanzar un acuerdo después de dos años sin convenio en la Función Pública.
Desde Afapna, Juan Carlos Laboreo destacó en declaraciones a Europa Press que, en su opinión, la Administración ha estado en la reunión de hoy "un poquito más abierta" a alcanzar un acuerdo al "darse cuenta de que no puede ser que llevemos cuatro años desde que se firmó el último convenio", por lo que se mostró optimista a la hora de alcanzar un posible acuerdo con el Ejecutivo.
Según dijo, es para "sonrojarnos" que la empresa "más importante de Navarra lleve dos años sin convenio" y consideró que la Administración "debe esforzarse en que los puntos que piden los sindicatos referentes a la conciliación de la vida laboral y familiar, y las plazas de empleo público, salgan adelante".
A juicio de Laboreo, en una época de crisis como la actual "si no podemos exigir unas subidas salariales importantes, sí que podremos exigir otras medidas como las que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar".
VALORACIONES DE CCOO Y UGT
Por su parte, Javier Barinaga, de CCOO, destacó que desde su sindicato harán hincapié en conseguir que la cláusula de revisión sea anual, y no cada dos años como plantea la Administración, propuesta que también apoyan el resto de entes sindicales.
Asimismo, CCOO plantea "algún incremento retributivo a negociar, por encima del IPC, sobretodo para los niveles más bajos que en tiempos de crisis tienen menos recursos" y se muestra escéptico a la propuesta realizada por el Ejecutivo de ofertar contratos en prácticas a la universidad en trabajos de la Administración, porque "puede convertirse en mano de obra barata", explicó el sindicalista en declaraciones a Europa Press.
Según Barinaga, los sindicatos "no tenemos muy buena experiencia con las prácticas en algunos ámbitos del sector privado" y "no queremos que los jóvenes se conviertan en mano de obra barata". Por este motivo, CCOO ha planteado a la Administración o "que suprima este punto o concrete más sobre este tema".
Respecto a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, desde CCOO reclaman que "se concreten más algunos apartados que vienen redactados de forma general, sobretodo, cuestiones relativas a reducción de jornada".
Por su parte, Conrado Muñoz, de UGT, valoró como "muy positivo" que el Gobierno de Navarra haya presentado un documento "en el que poder articular un posible acuerdo" y aseguró que se trata de una propuesta "muy completa".
En su opinión, "es probable que alcancemos un acuerdo y los funcionarios cuenten con un convenio", aunque precisó que "todavía quedan muchos puntos que concretar y mejorar". Además, recalcó que el documento presentado por el Ejecutivo "recoge muchas de las propuestas planteadas por UGT", lo que "puede acercar posturas".
CRÍTICAS DE ELA
Por su parte, ELA valoró la propuesta realizada por el Ejecutivo como "una mera declaración de intenciones" y aseguró que "la falta de concreción se hace especialmente evidente en el punto relativo a la disminución de la temporalidad, donde no se ofrece ningún dato".
En un comunicado, el sindicato criticó que "existen materias que ni tan siquiera vienen recogidas en la propuesta de la administración como las escandalosas peonadas, las discriminaciones y agravios entre colectivos, la reducción de jornada, la euskaldunización y las continuas privatizaciones".
Por este motivo, el sindicato consideró que "no es de recibo que el Gobierno de UPN que ha realizado reformas fiscales favorables a los más poderosos, que no ha perseguido el fraude fiscal, que ha rebajado el impuesto de sociedades y que está continuamente privatizando servicios públicos recurra demagógicamente a la solidaridad, pretendiendo trasladar las consecuencias de la crisis a los trabajadores".
Según ELA, con el texto que ha presentado el Gobierno "además de castigar a los trabajadores al negarse a solucionar sus problemas, persigue una foto que limpie la imagen de quien en más de cuatro años ha sido incapaz de alcanzar acuerdos con la mayoría sindical".
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