Tenemos años debatiendo sobre las características que deben tener los magistrados y jueces, fiscales y demás órganos de la administración de justicia, así como otros Tribunales y funcionarios de control, y sobre los procedimientos que deben seguirse para garantizar que su designación y sus resoluciones no estén sometidas a intereses políticos, económicos o personales. Este debate sobre un viejo tema, se desata cada vez que hay algún caso que tenga implicaciones políticas, o en que el Estado o sus funcionarios tengan un interés directo o indirecto, o en que haya grandes intereses económicos o sociales en juego. Esto ocurrió al empezar el actual régimen, luego del asalto al Tribunal Constitucional, al Supremo Electoral y a diputados de oposición, por parte de garroteros de movimientos y partidos políticos simpatizantes con el Gobierno… hasta que esos organismos se sometieron y, por miedo, también las Cortes de Justicia.
Muchos son los argumentos que se han dado para pisotear los mandatos constitucionales, pero las motivaciones de fondo deben ser encontradas en la manera como se combate políticamente en nuestro país, en el cual todo enfrentamiento político termina en un proceso judicial al que uno de los rivales lleva al contrario, a fin de exterminarlo públicamente, y por ello tenemos un elevado número de ex funcionarios públicos, de diversos niveles, sometidos a juicios de naturaleza penal, que no buscan, en el fondo, el esclarecimiento de la verdad o la compensación por posibles daños causados, sino que pretenden declarar responsabilidades criminales y aplicar sanciones que, por exigencia de los acusadores, deberían terminar con la cárcel para los inculpados. Y, por tanto, con su desaparición de la escena política. Dirigentes políticos que acusan a ex gobernantes, magistrados que enjuician a jueces, jueces que acusan a magistrados, legisladores que denuncian a presidentes, presidentes que acusan a sus antecesores y a legisladores, defienden a sus aliados y persiguen a quienes se atreven a discrepar. Para eso se pretende tener dominio y voz de mando sobre las Cortes y Tribunales, sobre magistrados, fiscales y jueces, y para cubrirse las espaldas cuando llegue el momento de la retirada. Pero, quienes provocan este caos lamentablemente no alcanzan a entender que la mejor garantía para todos, y sobre todo para ellos mismos, es mantener la independencia de las instituciones de la administración de justicia sin manipular ni interferir en ella; fortalecer sus estructuras, impulsar su desarrollo y la capacitación permanente de sus miembros para que, amparados por el marco legal, no sean vulnerables ante ningún tipo de presión ni amenaza de nadie, ni exista una… justicia sumisa.
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