El decreto, aprobado en la habitual reunión semanal del gabinete ministerial, enmarca la medida dentro de la política de seguridad alimentaria del Gobierno boliviano y la justifica en el alza del precio del maíz y el sorgo en el mercado boliviano, lo que "afecta a la población más vulnerable del país".
Para cumplir con la suspensión de las exportaciones, el Gobierno ha ordenado además a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Aduana Nacional la incautación de los cargamentos de estos productos que pretendan salir como contrabando a países vecinos.
La prohibición de exportar estos cereales se mantendrá hasta lograr la normalización de precios y garantizar la soberanía alimentaria, según explicó la ministra Achacollo.
Esta medida se suma a la prohibición temporal para exportar azúcar decretada por el Ejecutivo el pasado 19 de febrero también para frenar el aumento de precios en el país, lo que provocó las quejas del sector que advierte de la pérdida de producción y de empleos con estas restricciones.
Los comercializadores de maíz y sorgo atribuyen el aumento de los precios de estos productos en el mercado interno al incremento del contrabando, según indica la agencia de información estatal ABI.
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