El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, defendió este planteamiento durante una vista a puerta cerrada celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en la que los abogados de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y de otro grupo de víctimas solicitaron la imputación de 15 altos cargos y militares que gestionaron o supervisaron la contratación del avión, entre los que se encuentra Trillo.
Burgos solicitó que se mantenga sin ninguna modificación la imputación de los cinco altos mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción, al considerar que no hay nuevos datos ni se han producido hechos diferentes a los ya conocidos que justifiquen ampliar el número de personas contra las que se dirige la acción penal.
Los dos principales imputados en la causa que investiga las posibles negligencias en la contratación del Yak-42 son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
"TRILLO PUDO EVITAR 62 MUERTES"
Durante la vista, el letrado Leopoldo Gay reclamó que el actual coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP sea imputado por malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte, al considerar "impensable" que la cúpula del Ministerio, el Grupo de Control del Contrato del Yak-42 y el oficial de enlace de NAMSA, la agencia de la OTAN que intermedió en la adjudicación de este vuelo, no estuviera "al corriente" de las deficiencias que presentaban los aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética.