El presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo Fernández, declaró hoy ante el juez que el Ayuntamiento no les condonó la deuda de 2.274 millones de pesetas sino que fue "una compensación" porque la Corporación debía las inversiones que se hicieron en los cementerios desde 1985.
Estas declaraciones de Rodrigo, para quien el fiscal pide 19 años de prisión, se contradicen con el testimonio prestado hace dos días por el ex teniente de alcalde y ex diputado regional del PP Luis María Huete sobre este asunto, también ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Huete contestó afirmativamente cuando los abogados de la acusación, PSOE e IU, le preguntaron si se le condonó la deuda a Funespaña un par de meses después de que el Ayuntamiento le vendiera a esta empresa el 49 de la acciones de la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid por el precio de 100 pesetas (60 céntimos de euros).
Mañana está previsto que declare el ex concejal del PP Simón Viñals, imputado también en esta causa y para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, penas de 6 años de prisión, al igual que para Huete y para el también ex concejal, Antonio Moreno.
En otro momento de su declaración y a una pregunta de la defensa de Funespaña, Rodrigo afirmó que el Ayuntamiento se ha cobrado al cien por cien la citada cantidad de la deuda, que consta en la imputación como malversación.
A juicio del abogado del PSOE, José Mariano Benítez de Lugo, esa devolución "no afectaría al delito de malversación" y añadió que "cuando alguien devuelve una cantidad es que la ha recibido indebidamente".
Al término de la sesión, Benítez de Lugo consideró que hubo un "propósito deliberado" por parte del grupo popular del Ayuntamiento de Madrid de que se hundiera la empresa mixta funeraria y desde el año 85, dijo, no se hizo ninguna inversión, pese a que el entonces gerente de la misma lo solicitaba.
"Se estaba haciendo el hundimiento provocado para privatizar la empresa a precio de saldo como al final ocurrió", según Benítez de Lugo, para quien todo el caso puede calificarse de "escándalo".
El letrado que atribuye la máxima responsabilidad a "los dirigentes del Ayuntamiento" consideró además que es "increíble como pueden dar una joya de la corona al precio de 100 pesetas".
Conclusiones provisionales
En su conclusiones provisionales, el fiscal afirma que Viñals, Moreno y Huete, como responsable políticos de la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid "concibieron la idea" de poner cuanto antes la gestión del servicio público en manos de una empresa privada que fuera de su "particular agrado y confianza".
Añade que con este propósito asumieron a "toda costa", es decir "aceptando cualquier perjuicio económico" que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento y con "consciente desprecio" de las garantías y requisitos que la legislación vigente exigía llevar a cabo un proceso privatizador de esta naturaleza, en cuanto dicha normativa pudiera suponer un obstáculo para sus intenciones, "que en todo caso querían ver realizadas antes del fin del ejercicio social correspondiente a ese año".
En este contexto, y según el fiscal, en marzo del 92, Viñals tomó contacto con Rodrigo Fernández, abogado especializado en derecho administrativo y comunitario, y fruto de esta relación Viñals le encargó diversos trabajos tanto de asesoramiento como de dirección letrada en procedimientos judiciales, que Rodrigo facturaba a través de su sociedad INVAFI SA.
Según el fiscal, por este conducto Rodrigo tuvo acceso directo e información de primera mano acerca de la situación jurídica y económica y de las posibilidades comerciales de la funeraria municipal y sobre la posición favorable de sus responsables políticos a privatizarla.
Así concluye el fiscal que Rodrigo "vislumbro la ocasión" y se "formó el propósito de obtener personalmente mediante le enajenación en concurso publico de las necesarias acciones de la empresa". En la vista de hoy Rodrigo ha confirmado que la empresa empezó a dar beneficios casi al año de comprarla Funespaña, de la que además de Rodrigo son accionistas y propietarios Juan y Ángel Valdivia, también imputados en la causa.
Actualmente, Funespaña es el primer grupo español de servicios funerarios, y está implantada en 38 municipios españoles, en Buenos Aires y Rosario (Argentina) y en la capital de Hungría (Budapest), de acuerdo con la información que la propia empresa tiene colgada de su página web.
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