Investigación por homicidio de Lara y Low no prescribirán
martes 19 de julio de 2011, 10:39h
Los homicidios Rodrigo Lara Bonilla (30 de abril de 1984), quien ejercía como ministro de Justicia en la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), y de Enrique Low Murtra (30 de abril de 1991), quien también fue titular de esa cartera (de 1987 a 1988) durante la estancia de Virgilio Barco en el poder (1986-1990), fueron declarados crímenes de lesa humanidad por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General, para evitar la prescripción de la acción penal sobre los dos casos.
Ambos crímenes fueron atribuidos a sicarios del desaparecido líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. El de Lara, fue considerado el primer magnicidio ordenado por este fallecido capo, y el caso llevó a Betancur a poner en vigor la extradición a Estados Unidos de presuntos narcotraficantes y lavadores de activos.
El fiscal de ambos casos, según se explicó, considera que "estos crímenes hicieron parte de un plan sistemático y generalizado que desarrollaron grupos del narcotráfico para eliminar a dirigentes políticos, periodistas y personajes de la vida nacional que desde sus diferentes ámbitos se opusieran al ilícito negocio".
Lara Bonilla y Low Murtra fueron asesinados en una época en la que el cartel de Escobar mantenía una guerra contra el Estado que se recrudeció a finales de la década de los años ochenta del siglo pasado y los primeros del decenio siguiente.
La campaña criminal dejó centenares de muertos y heridos, tanto en asesinatos selectivos, como en actos terroristas, entre ellos contra un avión comercial en vuelo con más de un centenar de ocupantes.
El caso de la aeronave, destruida el 27 de noviembre de 1989, ya había sido declarado de manera previa crimen de lesa humanidad, así como un atentado contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que causó cincuenta muertos el 6 de diciembre de 1989.
El mismo fiscal reiteró la condición de imprescriptibilidad de estos dos ataques, así como del atentado de 1989 que destruyó la sede del diario El Espectador, de Bogotá, y de los asesinatos del procurador general, Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988, y del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, en julio de 1989.
El carácter de crimen de lesa humanidad también ha alcanzado los casos de secuestro del ahora ex presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002), hecho cautivo en enero de 1988; de Luz Marina Montoya, retenida y asesinada en 1990, y de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, tomadas como rehenes en 1989.
Todos ellos son casos atribuidos, en general, al llamado por entonces grupo de Los Extraditables, encabezado por el capo Escobar, muerto por policías en diciembre de 1993 en Medellín tras varios años de fuga.