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La iniciativa supone una inversión de unos nueve millones de euros

La Cámara formará a inmigrantes marroquíes en su país de origen

miércoles 25 de julio de 2007, 16:17h
Actualizado: 10 de octubre de 2007, 11:36h
La Cámara de Comercio de Madrid negocia un acuerdo, sin precedentes en España y en la Unión Europea, con el Gobierno de Marruecos para asegurar la formación de los ciudadanos de este país vecino que desean emigrar para trabajar en España, antes de que se incorporen a su puesto de trabajo.
Para dar respuesta a las crecientes demandas de los empresarios madrileños, la entidad cameral madrileña y la patronal CEIM prevén procurar una mejor adaptación de estos trabajadores inmigrantes a su nuevo  entorno laboral. La formación continuaría incluso después de su incorporación al puesto de trabajo en Madrid, a cargo del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio (IFE). Cabe señalar que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales español, Jesús Caldera, estima que España demandará este año unos 200.000 trabajadores inmigrantes para cubrir las necesidades de empleo del país.

Las negociaciones, que la Cámara de Comercio de Madrid está llevando a cabo directamente con la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (Anapec) del país alauita, están avanzadas. Este organismo del Gobierno marroquí, equivalente al INEM español y con sede en Casablanca, canaliza las ofertas de trabajo que llegan desde otros países.

De formalizarse el acuerdo, será el primero de estas características que se firma con uno de los países que más emigración emiten con destino a España. Las negociaciones con Anapec constituyen el primer paso para mejorar la colaboración entre la Unión Europea y Marruecos en materia de inmigración e integración laboral. De hecho, el acuerdo que negocia la Cámara con Anapec se enmarca dentro del Programa comunitario MEDA.

El último informe sobre inmigración de la Unión Europea (UE) desvela que cerca de 70.000 ciudadanos marroquíes lograron la nacionalidad de algún país miembro el año pasado. De éstos, cerca de 38.000 la obtuvieron en Francia; 7.977, en Bélgica; 7.300, en Holanda; y, en cuarto lugar, se sitúa España, donde 5.556 magrebíes han conseguido la nacionalidad española.

Dado que el 70% de la población inmigrante activa en España trabaja en la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio ha recogido desde hace años la preocupación de los empresarios madrileños por la capacitación de esta fuerza laboral en la región.

Ya en 2003, la Cámara tomó la iniciativa para un sector concreto, el de la hostelería. Fue entonces cuando, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) y la Federación Española de Hostelería (FEHR) se puso en marcha el llamado “Plan para la captación, selección y formación en origen de trabajadores extranjeros”. 

Este plan y los que le han sucedido se diseñaron especialmente para cubrir el déficit de personal que soportaba y aún soporta este sector, donde la mayoría de las empresas son pymes y, por lo tanto, no tienen dimensión suficiente para soportar sus propios planes de formación. Estos programas han tenido gran acogida, por lo que la estrecha colaboración de la Cámara de Comercio con la patronal madrileña (CEIM) ha demostrado dar una vez más sus frutos.

Las demandas de formación y capacitación de los trabajadores inmigrantes en este sector necesitaban de soluciones de urgencia porque el 40% de los trabajadores de la hostelería en España proceden de Latinoamérica, Marruecos, Italia y Rumania, según ha puesto de manifiesto un informe que la empresa de trabajo temporal Randstad ha divulgado ayer mismo. En el caso de Madrid y Cataluña, este porcentaje se eleva, en verano, por encima del 60%.

La Cámara de Comercio de Madrid pretende ahora extender y aplicar a todos los sectores de actividad demandantes de mano de obra inmigrante la experiencia acumulada en los programas de formación para el sector de hostelería. El objetivo es seleccionar al trabajador que desea emigrar a España en función de sus demandas, objetivos y las ofertas de empleo que haya disponibles. A partir de ahí, se tramitaría la solicitud del visado y, desde ese mismo instante, el trabajador entraría en un programa de formación para su integración en España, que el IFE empezaría a impartir en Marruecos y concluiría en Madrid. Así, se facilitaría una integración óptima del trabajador a su nuevo entorno laboral.

Este acuerdo concreto que negocian la Cámara de Comercio de Madrid y el citado organismo del Gobierno marroquí se integra en el marco del convenio que alcanzaron este año el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Secretaría de Estado para Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El convenio que el Consejo ha formalizado, en su calidad de interlocutor de las Cámaras de Comercio ante la Administración del Estado, apunta dos grandes objetivos: crear un marco de colaboración estable que comprenda las diversas acciones de canalización de los flujos migratorios a España y de integración social y crear una estructura de apoyo perdurable para un triple propósito: la selección de trabajadores inmigrantes en los países de origen de acuerdo a las necesidades que tienen las empresas en España; la formación de estos trabajadores en origen; y la continuidad de su formación en España para desarrollar y/o perfeccionar las habilidades concretas que el puesto de trabajo requiere.

Para avanzar en este terreno, la Cámara de Comercio de Madrid creó el pasado 11 de junio su propia Comisión de Inmigración. Por otra parte, la Comisión de Inmigración de la Cámara de Comercio de Madrid se ha reunido con el subdirector general de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios, Francisco de Argila, a fin de transmitirle su interés en colaborar –en coordinación con la patronal madrileña, CEIM– en el proceso de selección y formación de inmigrantes. De hecho, la Cámara y CEIM tienen bien identificados y analizados los requisitos que los empresarios madrileños precisan para los puestos de trabajo vacantes.

Todas estas acciones del Consejo Superior de Cámaras y de la entidad cameral madrileña responden a las directrices del Gobierno para evitar la afluencia incontrolada de inmigrantes. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados que “en 2006 y 2007, por primera vez en nuestra historia desde que se inició el fenómeno de la inmigración, el número de entradas de inmigrantes a través de vías regulares supera el de inmigrantes irregulares”. Rodríguez Zapatero afirmó entonces que “esta inmigración aumenta nuestra capacidad productiva, fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo, incrementa las tasas de actividad, frena el envejecimiento de la población y aporta cotizaciones por valor de 8.000 millones de euros al año”.

El Gobierno ha aprobado este año un plan estratégico de ciudadanía e integración que prevé garantizar la adaptación de los servicios públicos al ingente crecimiento demográfico que ha generado la llegada de 4 millones de inmigrantes en muy pocos años. El presupuesto de este plan es de 2.000 millones de euros.

Esta política responde, a su vez, a directrices comunitarias. De ahí que el acuerdo que negocia la Cámara con Anapec se enmarque en el programa comunitario MEDA, que se propone aplicar medidas de cooperación para ayudar a los terceros países mediterráneos a reformar sus estructuras económicas y sociales y para atenuar las repercusiones sociales y medioambientales del desarrollo económico. Este programa es, de hecho, el principal instrumento que nutre de fondos económicos y de conocimientos técnicos al Partenariado Euro-mediterráneo (PEM), tanto a nivel bilateral como multilateral. MEDA ha sustituido progresivamente los protocolos financieros existentes en el marco de cooperación entre la Comunidad Europea y los países del Sur y del Este del Mediterráneo.

El primer programa MEDA cubrió el período 1995-1999, con un presupuesto de 4.685 millones de euros, de los que se hicieron efectivos 3.435 millones. MEDA II cubre el período 2000-2006, con un total de 5.350 millones de euros. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones participa con 4.600 millones de euros, en forma de créditos, destinados a financiar proyectos de infraestructuras y medio ambiente. No obstante, estos créditos han sido escasamente utilizados hasta el momento porque, al tratarse de préstamos en condiciones casi de mercado, su uso excesivo agravaría el problema de la deuda externa.
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