Mukasey habla ante el Congreso de EE.UU.

El juez Michael Mukasey, designado por el presidente George W. Bush para ser el nuevo fiscal general estadounidense, no sólo prometió ante el Congreso que no sacrificará las libertades civiles para proteger la seguridad nacional, sino que criticó al presidente por avalar las torturas.

Espera confirmación del Senado

"La protección de las libertades civiles, y la confianza de la gente en que esas libertadas son protegidas, es parte de la seguridad nacional, así como es la recolección de inteligencia para defendernos de aquellos que creen que su deber es hacernos la guerra", dijo Mukasey.

Mukasey, un juez retirado de 66 años, habló ante la Comisión de Justicia del Senado tras ser designado por Bush para reemplazar a Alberto Gonzales, uno de los personajes que más apoyo le diera en su controversial guerra al terrorismo, y que debió renunciar en medio de varios escándalos.

La nominación de Mukasey debe ser confirmada por el Senado, donde la oposición demócrata es mayoritaria.

"Está claro que muchos de nosotros estaremos en desacuerdo con algunos de sus puntos de vista (de Mukasey), y con algunos de manera firme", dijo el senador demócrata Chuck Schumer.

¿Tendrá independencia?

"Pero en este momento, la pregunta más importante es: ¿Será el juez Mukasey lo suficientemente independiente y valiente para enfrentar incluso al hombre que lo nominó, si lo requiere la ley?", dijo Schumer.

Arlen Specter, republicano miembro de la comisión, dijo esperar que Mukasey sea un fiscal general "que le dirá al presidente cosas que pudiera no querer oír".

Con una voz solemne pero calmada, Mukasey respondió a varias preguntas sobre contraterrorismo, la influencia de los políticos en decisiones del departamento de Justicia y la lucha contra el crimen.

****"Bush no puede avalar tortura"

Mukasey afirmó de otro lado que el presidente no debe tener la autoridad para aprobar la tortura de detenidos, una posición nunca asumida por su predecesor Alberto Gonzales.

El nuevo fiscal rechazó un memo aprobado en el 2002 por la entonces subsecretaria Jay Bybee según el cual el presidente tiene la autoridad de emitir órdenes que violan la Convención de Ginebra, así como cualquier ley internacional o nacional que prohiba la tortura.

"El memo de Bybee, para usar la frase de un diplomático francés, fue peor que un pecado, fue un error, fue innecesario", dijo Mukasey ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado.

El titular de ese panel, el demócrata Patrick Leahy, recordó que él y otros senadores votaron en contra de mantener en el cargo a Gonzales en parte porque Gonzales se negaba a distanciarse de ese documento.

La confirmación de Mukasey como próximo secretario de justicia parecía asegurada incluso antes de estas declaraciones, pues varios prominentes demócratas habían expresado su apoyo y una pronta aprobación de su nominación.

El presidente George W. Bush le pidió al comité la aprobación de Mukasey en los próximos días y que la plenaria del Senado lo confirme la próxima semana. Asesores de los demócratas del Senado dijeron que ello es improbable, ya que las audiencias a Mukasey podrían prolongarse hasta el viernes.

Pocos minutos después de comenzar la audiencia, Leahy obtuvo garantías del nominado de llevar una conducta diferente a la de su predecesor. Esta posición era algo que ansiaban escuchar grupos liberales y senadores que durante meses se vieron frustrados por la memoria olvidadiza de Gonzales sobre el despido de varios fiscales.

Mukasey prometió que como secretario de Justicia prohibiría a los funcionarios más altos del departamento recibir o hacer llamadas a "figuras políticas para hablar de casos" judiciales, un problema frecuente bajo el mandato de Gonzales.

"Las políticas partidistas no forman parte en el proceso acusatorio", dijo Mukasey.

El nominado, quien fuera asesor del aspirante a la presidencia Rudy Giuliani, prometió no estar involucrado en temas que lo vinculan con él.

Dijo que no tendría problemas en renunciar a su cargo si el presidente ignora sus consejos sobre prácticas legales o éticas del gobierno.

Medir la independencia de Mukasey respecto a la Casa Blanca ha sido factor clave para recabar el apoyo de los legisladores de ambos partidos. Gonzales fue acusado de ser un aliado de Bush incapaz de enfrentar al presidente en medidas que sobrepasan los límites legales y éticos.

Bajo Gonzalez surgieron controversias como las técnicas de interrogación de Washington, un programa de espionaje de la ciudadanía y el despido de nueve jueces federales por posibles motivos políticos. Los escándalos y las investigaciones del Congreso dejaron al Departamento de Justicia con la moral baja y sin un líder respetado.