Hacia una necesaria reforma constitucional
jueves 12 de diciembre de 2013, 11:36h
El
6 de diciembre, coincidiendo con el 35 aniversario de la aprobación de la
Constitución Española celebramos el más amplio período democrático de nuestra
historia. En los más de 200 años de nuestra historia constitucional, desde la
Constitución de Cádiz, los períodos de pacífica convivencia democrática
resultan una agradable excepción.
Los
socialistas, y según las encuestas la mayoría de los españoles, creemos que,
tras 35 años de vigencia, es necesario plantear de nuevo la conveniencia y
necesidad de la modificación de nuestro texto constitucional.
En
la elaboración de nuestra Constitución los socialistas jugamos un papel tan
importante al menos como el de las demás fuerzas políticas que participaron en
su elaboración y aprobación. Y por eso nos enorgullecemos de que en estos 35
años, nuestra Constitución haya cumplido con notable acierto su papel, como
marco de básico de nuestra convivencia: que haya enmarcado sólidamente la
construcción y afianzamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho,
permitiendo, asimismo, la articulación territorial del poder político en un
Estado Autonómico. Ambas cuestiones con notable éxito.
Nuestro
texto constitucional ha sido reformado en dos ocasiones como consecuencia de la
pertenencia de España al espacio común europeo. En 1992, para permitir a los
nacionales del resto de Estados miembros de la Unión Europea la posibilidad de
ser candidatos en las elecciones municipales. En 2011, para incorporar aspectos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Zona Euro.
Pero,
fuera de estos procesos, puntuales, de reforma constitucional los socialistas,
que sí propusimos reformas en el pasado, no logramos alcanzar el consenso
suficiente para encarar una modificación del texto constitucional. Ni siquiera
en la primera legislatura del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, donde
se avanzaron notablemente los trabajos previos a la reforma constitucional,
informe del Consejo de Estado incluido.
La necesidad de reformar la
Constitución es ampliamente compartida en la sociedad española a 35 años de su
elaboración y se produce con normalidad, sin mayor dramatismo, en las
democracias constitucionales de nuestro entorno. En España, probablemente como
consecuencia de nuestra turbulenta historia político-constitucional y por la
relativa juventud de nuestro sistema democrático, parecen existir ciertas
prevenciones frente a una eventual modificación del texto constitucional. Es
cierto que nuestra Constitución es todavía joven, como lo es el sistema
democrático que estableció, pero no podemos sentir que ni una ni otro sean tan
débiles como para no admitir un debate sobre su posible reforma.
Ningún
texto constitucional es algo perfecto, cerrado, definitivo. Las Constituciones
deben buscar un siempre difícil equilibrio entre, de un lado, garantizar su
propia tendencia a permanecer en el tiempo posibilitando la estabilidad
política y, de otro, estar dotadas de la necesaria flexibilidad, que permita su
adaptación permanente a una realidad compleja y cambiante. Una Constitución no
ha de reformarse tan a menudo que pierda su prestigio pero tampoco puede
petrificarse hasta el punto de convertirse en letra muerta.
Para
empezar, hoy en día, muchos de nuestros ciudadanos han vivido toda su vida en
democracia. Se estima en más del 60 por ciento el número de españoles que no
han votado nuestra norma básica de convivencia. Thomas Jefferson defendió que
sería antidemocrático negar a las generaciones futuras la capacidad para
decidir su propio modo de vivir. Pues bien, parece que estamos ante una nueva generación de españoles
que tiene derecho a decidir sobre su propio texto constitucional.
Además,
esta reforma constitucional que hoy planteamos resulta un necesario ejercicio
de adecuación del texto constitucional de 1978 a nuevas realidades y, en
consecuencia, tendrá un efecto beneficioso de acercamiento de nuestras
instituciones a la ciudadanía.
Así
establecida la necesidad de iniciar un procedimiento de reforma de la
Constitución resulta imprescindible, en primer lugar, buscar el necesario
consenso entre las fuerzas políticas, principal escollo al que, junto al
procedimiento rígido de reforma, se enfrenta una eventual modificación de la
Constitución. Un consenso que, a priori, debería ser al menos el mismo que
contó la Constitución en su aprobación en 1978.
Tres
formaciones políticas con representación parlamentaria (PSOE, Izquierda Unida y
UPyD) al que se podrían sumar, sin dificultades, PNV y CiU, han planteado, con
mayor o menor grado de concreción y formalismo, la necesidad de acometerla
reforma de la Constitución.
El
Partido Popular lo hizo, no hace tanto tiempo, cuando aún estaba en la
oposición.
Desde
el punto de vista de su contenido, existen aspectos de nuestro texto
constitucional que están francamente superados, bien porque se han desplegado
de forma completa (piénsese en los preceptos constitucionales dedicados al
acceso a la autonomía por parte de las nacionalidades y regiones), porque han
quedado desfasados e incluso pueden resultar ofensivos (referencia a
"disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" del artículo 49 CE) o,
simplemente, porque se han visto superados por la realidad (por ejemplo, la
limitadísima referencia a la informática como límite de los derechos al honor y
la intimidad familiar y personal del artículo 18.4 CE).
Son
sólo ejemplos, pero imponen la necesidad, al menos, de plantear el debate sobre
la reforma constitucional. Ya en 2004 el Partido Socialista planteó la
necesidad de la reforma de cuatro aspectos concretos del texto constitucional:
la regulación del Senado, para convertirla en una verdadera Cámara de
representación territorial; modificar el régimen de sucesión de la Corona para
acabar con la discriminación por razón de sexo en la misma; incorporar la
referencia a las Comunidades Autónomas ya constituidas, y, finalmente, hacer lo
propio con la Unión Europea y el Derecho Comunitario.
El
vertiginoso tiempo trascurrido desde que en 2004 planteamos estas cuatro
reformas concretas nos lleva hoy a añadir nuevos ámbitos de reforma
constitucional. El propio modelo territorial que fue configurado en el Título
VIII, conocido como el Estado de las Autonomías, ha sido un importante factor
de progreso, cohesión y consolidación del Estado social; pero hoy es preciso
actualizarlo y perfeccionar su latente vocación federal. Para ello, es muy
importante delimitar claramente la distribución de competencias y
responsabilidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas, garantizando la
solidaridad y la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos,
instaurar un sistema estable de financiación y establecer mecanismos eficaces
de cooperación institucional, que tantas veces se han echado en falta, y para
lo que es fundamental la inaplazable reforma del Senado.
La actualización del Estado de las
autonomías, avanzando hacia el federalismo, es también la garantía del
restablecimiento del consenso territorial, ante una amenaza de resurgimiento de
dos posiciones antagónicas, que pretenden, una la ruptura de Cataluña con
España, y otra la recentralización del Estado en menoscabo de las instituciones
autonómicas. Frente a estas posiciones, PSOE y PSC apostamos por este proyecto
común para España, y para Cataluña y el resto de comunidades autónomas en
España, convencidos como estamos de que es garantía de convivencia y de que
sigue siendo posible, como lo fue hace treinta y cinco años, la unidad y el entendimiento
de todos partiendo de la voluntad común de dialogar y encontrar conjuntamente
los necesarios consensos y las soluciones a los problemas que se puedan
presentar.
La
reforma que queremos impulsar debe servir también para la incorporación a la
Constitución de mecanismos que garanticen la pervivencia de nuestro Estado de
bienestar -a través, por ejemplo, de la constitucionalización, como verdadero
derecho fundamental, del derecho a la salud o a la protección social, la
incorporación a la Constitución del cuarto pilar del Estado de bienestar
(servicios sociales) o una nueva regulación constitucional de los derechos de
los trabajadores- o la inclusión de fórmulas que mejoren las relaciones entre
representantes y representados (derecho de acceso a la información pública como
verdadero derecho fundamental, modificación del régimen jurídico de la
Iniciativa Legislativa Popular...) y, en definitiva, que mejoren el mismo sistema
democrático representativo.
Lo que no resulta tolerable, desde un
punto de vista democrático, es recurrir a una reforma "fraudulenta" de la
Constitución como está haciendo sistemáticamente el Gobierno del Partido
Popular.
Destruir el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores a través de
la reforma laboral, dificultar el acceso a los tribunales a través de nuevas y
desorbitadas tasas judiciales, desproteger el dominio público marítimo
terrestre con la modificación de la Ley de Costas, modificar el Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha sólo para garantizarse un futuro resultado
electoral o restringir los derechos de información, reunión y manifestación a
través de un nuevo régimen sancionador que quiebra las garantías
jurisdiccionales de estos derechos... no son sino alteraciones materiales, por no
decir vulneraciones flagrantes, hechas de forma subrepticia de la Constitución.
Pero el partido en el Gobierno las ha llevado a cabo por la puerta de atrás,
sin seguir el procedimiento de reforma previsto en los artículos 166 a 169 de
la Constitución.
De
lo que se trata, en definitiva, es de empezar a reflexionar, a dialogar y a
debatir públicamente y, en último término, a elaborar, entre todos, una nueva
norma constitucional que regule nuestra convivencia para, al menos, otros 35
años. No se trata de elaborar un nuevo texto constitucional pero se puede y se
debe plantear la necesaria adaptación de nuestra Carta Magna a una nueva
realidad social y política.
[*] Soraya Rodríguez es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados