La autoridad gubernamental involucró también al director ejecutivo de Agua Sustentable, Juan Carlos Alurralde Tejada, y al senador masista y líder de los regantes, Omar Fernández, por los supuestos delitos penales de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
En conferencia de prensa, Mamani declaró que el Departamento Jurídico de su cartera ha observado, primero, el proceso de Contratación de Servicios para la Elaboración y Ejecución de una Campaña de Difusión para la Regularización y Otorgación de Licencias y Registros a Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de mayo de 2007.
En este acápite, se habría presentado el cambio arbitrario en los términos de referencia del proceso, sin la existencia de una adenda, tal como establecen las normas del Viceministerio de Inversión Pública, sino con una simple acta. Tres son los asuntos que sufrieron modificaciones.
Uno, el área de trabajo, que inicialmente incluía a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y que fue ampliada a Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija. Dos, el monto de la propuesta económica, modificada “irregularmente" de 94.329, 78 dólares a 189.330,67 dólares. Y la forma de pago y el plazo de ejecución de ocho a 16 semanas.
Segundo, igual habrían irregularidades en el acuerdo suscrito el 2 de agosto pasado, en el que se repiten las anomalías de la ampliación del área de trabajo y el plazo de ejecución. Aparte, el Acta de Negociación provocó una “substancial diferencia entre lo establecido en el cronograma y presupuesto de los documentos de selección (103.758,95 dólares) y el contrato (189.330,67 dólares). O sea, existe una diferencia de 85.571 dólares.
Las autoridades en la mira
Mamani remarcó que el artículo 10 del Decreto Supremo 28631, Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, determina la prohibición a los servidores públicos, entre ellos ex viceministros de Estado, a desempeñar cargos jerárquicos en entes privados, relacionadas con el sector que conducían, por el plazo de dos años a partir de la cesación de sus funciones.
Sin embargo, René Orellana Halkyer, ex viceministro del Agua entre febrero y agosto de 2006, está en la propuesta económica de 6 de julio de 2007 de Agua Sustentable, como sociólogo y con un sueldo de dos mil dólares. Asimismo, se evidenció que éste figura como socio fundador de la ONG. Esto corroboraría que Orellana incumplió el decreto 28631.
“En su momento, dada su condición de Viceministro, ha tenido relación directa con la Superintendencia de Saneamiento Básico, incluso con notas respecto del tema. Estamos hablando de un contrato que se ha establecido para licencias y registro”.
A la par, la investigación del Ministerio del Agua evidenció que la actual embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras Camargo, figura en el Acta de Elección y Posesión del Directorio de Agua Sustentable, de 10 de julio de 2004, como Secretaria del Directorio.
El 30 de julio de 2007, Almendrás habría conferido poder especial a Juan Carlos Alurralde, en calidad de director ejecutivo de Agua Sustentable, mediante Testimonio 161/2007, avalado por la Notaría de Fe Pública 001.
“Se constata que Almendras, realizó su Declaración Jurada de Rentas y Bienes ante la Contraloría General en fecha 29 de junio de 2007 a efectos de asumir el cargo de funcionaria pública dependiente de la Cancillería, (y) mediante su apoderado, Juan Carlos Alurralde, suscribe el Contrato con la Superintendencia en fecha 2 de agosto de 2007”.
Según Mamani, el acto vulnera el artículo 10 (conflicto de intereses) de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público que dice que “los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de la Administración Pública”.
Incluso, Mamani denunció que el senador masista Omar Fernández tiene nexo con la ONG Agua Sustentable. La documentación sobre estas acusaciones fue enviada al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo.
A comienzos de noviembre, Fernández acusó que una allegada de Mamani, la ex dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y concesionaria del servicio de cocina en el Ministerio del Agua, Mercedes Condori, figura como accionista de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento.
La Prensa intentó ayer comunicarse sin éxito con Almendras, por la diferencia de horario de España con Bolivia, y con Fernández, quien tuvo apagado su celular. Igualmente, no se pudo tomar contacto con Orellana ni Alurralde.
La portavoz de la Cancillería, Consuelo Ponce, afirmó que los papeles de la acusación no llegaron a la repartición gubernamental, empero, una vez que suceda esto, el Canciller solicitará a Almendras un informe del caso, y si éste es considerado insuficiente, se lo pedirá por la vía administrativa o judicial para luego emitir una resolución al respecto.
La viceministra Suxo informó que su despacho recibió la denuncia el pasado jueves; aunque todavía no fue leído por ella. "El legajo es considerable. No descartamos solicitar mayor información al Ministerio del Agua y otras entidades para luego hacer el análisis correpondiente".
María Almendras Camargo, Embajadora de Bolivia en España
Fue nombrada en su cargo el 14 de agosto de este año. Nació en Cochabamba, en 1973. Habla castellano y quechua. Es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la San Francisco Xavier de Chuquisaca. Fue coordinadora general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas.
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