FAMMA reclama más atención a las discapacidades en edades tempranas

Con motivo del Día Universal de las Niñas y los Niños, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA–Cocemfe Madrid) quiere exigir a los poderes públicos, especialmente a la Comunidad de Madrid, la regulación de la atención temprana para minimizar las consecuencias futuras en los bebés que nazcan con discapacidades.

En las edades tempranas, cuando los niños se desarrollan a mayor velocidad, es cuando se pueden realizar tratamientos con resultados más favorables. “Esta regulación permitiría que el tratamiento de los bebés desde el mismo nacimiento
sea un derecho que se podrá paliar los efectos de muchas discapacidades en recién nacidos”, afirma el presidente de FAMMA, Javier Font. “Si desde el mismo momento en que el ginecólogo detectara una discapacidad en un feto, o el pediatra en un recién nacido se pusieran en marcha todos los mecanismos necesarios, podría evitarse que algunas de las discapacidades con las que nacen los bebés fueran a más”, apunta Font.

La Federación reclama, además, políticas de apoyo a la integración e igualdad de derechos de las niñas y los niños, especialmente de los que tienen alguna discapacidad, lo que les hace doblemente vulnerables, que se acentúa en aquellos que provienen de familias con pocos recursos. Según el presidente de FAMMA, “la atención temprana debe ser reconocida y entendida como un instrumento reductor y corrector de ciertas discapacidades. El problema es el de siempre, la falta de recursos económicos por parte de la administración”.

Tanto la Convención de los Derechos del Niño de 1989 como la Declaración de los
Derechos del Niño de 1959 hacen especial mención a los derechos de los menores con alguna discapacidad a recibir la atención especial que necesiten. Según el presidente de FAMMA, “ya que España ha firmado y ratificado estos documentos, las políticas de los estamentos de poder deberían orientarse más a cumplir con las obligaciones que se derivan de ello de forma que lo noten los ciudadanos”.

La igualdad de oportunidades de esos más de 15.000 menores con discapacidad igual o superior al 33 por ciento debería ser un tema que ocupara un lugar especial en las agendas de los organismos competentes, porque “en muchos casos estas niñas y niños son víctimas de la pasividad de los gobernantes quienes no dan pasos firmes ante cosas tan necesarias como esta. Es una situación que además la administración reconoce su imprescindible regulación en sus planes de actuación hacia las personas con discapacidad”, se lamenta Javier Font, quien apuesta por la transversalidad de las políticas que afecten a las personas con discapacidad, y mucho más si estas son menores de edad.

“Tres son las consejerías que deben implicarse para solventar esta carencia: la
de Sanidad, la de Familia y Asuntos Sociales y la de Educación. Tres consejerías con medios más que suficientes para poner en marcha una norma autonómica eficaz para la atención de sus menores, como por otro lado queda recogido y comprometido, pero aun sin cumplir, en el último Plan de Acción para Personas con
Discapacidad”, concluye Font.