Un juzgado de Ávila lleva un año investigando a varios funcionarios de la prisión de Brieva, donde cumple condena Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz en 2018.
Según ha desvelado 'El País', la investigación se centra en unas posibles irregularidades de algunos trabajadores de la prisión con esta reclusa, a la que habrían facilitado un teléfono móvil de manera clandestina.
Quezada habría mantenido relaciones sexuales con algunos trabajadores a cambio de que le proporcionaran un teléfono móvil, algo que las presas tienen prohibido.
Además, siempre según la información del citado medio, Quezada habría utilizado este dispositivo para grabar algunos de los encuentros sexuales y "chantajear" a los funcionarios para que autorizasen su traslado a una cárcel de Barcelona.
El artículo también cita un informe de la directora del centro que recoge una entrevista de Quezada con el educador en la que denuncia que ha sido víctima de una violación ya que asegura que el funcionario se aprovechó de su situación de superioridad. Este informe detalla también que el teléfono móvil con las grabaciones de los encuentros está en poder ahora de la pareja de Ana Julia y que es quien está llevando a cabo los chantajes.
Patricia Ramírez inició la investigación
Toda esta investigación, que lleva un año, partió de la denuncia de Patricia Ramírez, la madre del pequeño asesinado en 2018 por Quezada.
En la querella aseguró que la reclusa tenía un móvil y que estaba concediendo entrevistas y grabando vídeos para un documental con una productora audiovisual interesada en el caso.
Algo que Ramírez puso en conocimiento de las autoridades e incluso acudió al Congreso para reclamar más protección a las víctimas y evitar documentales, series o cualquier tipo de obra que dañe más a las víctimas, como el controvertido libro 'El odio', que profundiza en el crimen de Ruth y José Bretón y en el que ha participado el propio asesino y padre de las víctimas.
Mañana miércoles ha convocado una rueda de prensa para denunciar el "desamparo y desprotección institucional y judicial" que asegura que está sufriendo y la posible "vulneración de derechos". Además, se espera que también de algunos detalles de la denuncia a Quezada y de la situación del caso.
Ana Julia Quezada está condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en 2018, cuando era pareja del padre del pequeño.
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