El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha confirmado la detención de Bruna Caroline Ferreira, una mujer brasileña con parentesco familiar con Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
El arresto ocurrió el pasado 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, cuando se dirigía a recoger a su hijo de 11 años, según informó su abogado.
La situación es un ejemplo del impacto de la política de mano dura de la Administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado a Ferreira como "una extranjera ilegal criminal".
Las autoridades migratorias sostienen que la mujer, que lleva más de 2 décadas en el país de forma indocumentada, entró a Estados Unidos en 1998 con una visa de turista que caducó en junio de 1999. El DHS cita un arresto previo por agresión, aunque su defensa desmiente la acusación y asegura que la mujer estaba en proceso de obtener su residencia permanente.
Impacto humano y el 'factor Leavitt'
Actualmente, Ferreira se encuentra recluida en un centro de detención en el sur de Luisiana, a más de 1.700 millas de su domicilio familiar. Su caso ha ganado notoriedad debido a la conexión con Karoline Leavitt, una de las principales voces de la Administración Trump y defensora de las políticas migratorias. Mientras la Casa Blanca mantiene el silencio, la familia de Ferreira ha iniciado una campaña en GoFundMe que ya ha recaudado más de 16.000 dólares para gastos legales. La defensa alega que Bruna fue beneficiaria del programa DACA, llegó al país siendo menor y ha residido casi toda su vida en Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos, como la ACLU, han criticado la acción del ICE, calificándola como un ejemplo de "separación familiar arbitraria".
Un contexto de deportaciones masivas
El caso de Ferreira se ha convertido en un símbolo de las consecuencias humanas de las políticas migratorias. Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, el ICE ha intensificado las redadas y las deportaciones masivas.
Las cifras oficiales indican que se han ejecutado más de 400.000 expulsiones en lo que va de año. La detención subraya el alcance de estas medidas, que afectan incluso a personas con vínculos familiares con altos cargos del Gobierno.
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