El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció este miércoles una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las víctimas mortales de la DANA.
Durante la sesión de control en Les Corts, el jefe del Consell definió la medida como un "acto de justicia" necesario para paliar los daños de la catástrofe.
Este anuncio coincidió con el balance de sus primeros 80 días de mandato, periodo en el que aseguró haber cumplido gran parte de sus compromisos iniciales.
Bajada de impuestos
En su respuesta al grupo de Vox, Pérez Llorca destacó su estrategia de reducción de la presión fiscal para las clases medias y bajas. El president defendió que rebajar los impuestos da resultados positivos, citando el aumento de la recaudación en la Comunitat Valenciana durante los últimos 2 años.
Entre las medidas concretas, resaltó la ampliación de las deducciones fiscales sociales por gastos de dentista, gafas o enfermedades raras -que beneficiarán a casi un millón de valencianos- y adelantó que en junio se reducirá el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 9%.
Sanidad y burocracia
En el ámbito sanitario, el jefe del Ejecutivo valenciano mencionó la aprobación del decreto de atención primaria y el nuevo plan estratégico contra el cáncer. Pérez Llorca adquirió el compromiso de que cualquier persona diagnosticada sea tratada por un especialista en un plazo máximo de 7 días, reforzando además la tecnología y la presencia de psicólogos en el sistema.
Asimismo, aludió a la segunda Ley de Simplificación Administrativa como herramienta para crear una administración "más cercana" y explicó que su gabinete seguirá exigiendo reciprocidad e igualdad de condiciones para los productos del sector primario frente a las importaciones extranjeras.
El debate subió de tono al abordar la política de vivienda. En respuesta al PSOE, el president ensalzó el 'Plan VIVE', asegurando que ya cuenta con la adhesión de 319 ayuntamientos de diversos signos políticos. Pérez Llorca contrapuso las 4.800 viviendas puestas en marcha por su Consell frente a la gestión del anterior Gobierno del Botànic.
Además, defendió la subida del límite de renta hasta los 66.000 euros para acceder a viviendas protegidas, aclarando que esta medida está condicionada a situaciones específicas como tener a cargo a menores con discapacidad o mayores de 65 años.
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