Javier Ortega Smith sigue plantando cara a la directiva de Vox por intentar que dimita como portavoz del consistorio madrileño.
Ahora ha denunciado a la Ejecutiva del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Ortega Smith se resiste a dimitir y sigue manteniendo su cargo, pues ha insistido en que no ha hecho nada malo. Pero Vox le ha retirado la militancia a él y a varios de sus apoyos además de abrirle un expediente de expulsión.
Se niega a hacerse "el harakiri"
En una entrevista a 'Onda Madrid', el todavía portavoz de Vox ha vuelto a criticar las maniobras de la directiva y ha subrayado que desde la dirección le pidieron que se "hiciera el harakiri" y presentase su dimisión en el consistorio "como si hubiese hecho algo malo".
Pero se ha negado, incluso teniendo ya una sustituta por parte del partido. Al negarse, llegó el expediente de expulsión y la suspensión de la militancia.
Ha recriminado que si no cumplía con el mandato de dimitir "ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión". Pero ha confirmado que hapuesto una denuncia "contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox".
Según ha esgrimido, fueron los que filtraron a los medios su expediente de expulsión, algo que considera que ha vulnerado su confidencialidad, por lo que lo ha denunciado ante la AEPD.
Acudirá a los tribunales
Este fin de semana el partido ha confirmado la expulsión definitiva de Ortega Smith, pero él insiste en que no es rotunda según la propia normativa de la formación.
Además de la denuncia mencionada, va a presentar también 2 recursos ante el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Garantías. Aunque ha vaticinado que la resolución no le será favorable ya que "son juez y parte".
"No hay ninguna (garantía) porque están todos nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional, trabajan todos a sueldo del partido, por tanto la independencia es cero", ha lamentado.
Pero ha vuelto a reiterar que llevará el caso a los tribunales para obligar a la formación a demostrar cuál es la causa del ansiado cese y ha acusado a la formación de "vulnerar derechos fundamentales".
"Están cercenando sus derechos constitucionales como representante público a través de un procedimiento absolutamente arbitrario, carente de cualquier garantía y que ya demostrará incluso que vulnera los derechos más elementales de cualquier persona. Yo sigo creyendo que estamos en un Estado de Derecho".
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