El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sacado un auto en el que ordena a la Comunidad de Madrid comenzar "de inmediato" con la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acepta de esta manera las medidas cautelares que había pedido el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar este precepto de la ley del aborto.
En el Auto 60/2026, los magistrados destacan que la administración madrileña cuenta con la obligación de cumplir con la normativa vigente después del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado. De acuerdo con el texto judicial, "queda, por este Auto, obligada la Comunidad de Madrid a iniciar de inmediato los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia", además de su implantación según el protocolo del Consejo Interterritorial.
El tribunal subraya que, si bien la medida no supone la creación instantánea de la lista, sí que cuenta con el deber de "iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación".
Riesgos para la prestación del servicio
El tribunal ha justificado esta medida cautelar para impedir que la demora administrativa perjudique el derecho a la prestación sanitaria. El TSJM es muy claro al asegurar que se busca "subsanar la inactividad de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de su obligación legal".
Los magistrados destacan en el auto que la falta de este registro trae "consecuencias negativas y graves para las mujeres que solicitan la prestación IVE, para los profesionales sanitarios y para la organización del propio Sistema Nacional de Salud". También indican que la falta de previsión puede provocar retrasos si, en un centro concreto, todos los facultativos terminan siendo objetores en el momento que se produce una solicitud.
Respuesta de la Comunidad de Madrid
Por su parte, el Gobierno regional sigue con su postura crítica frente a la medida. De acuerdo con declaraciones oficiales de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo autonómico piensa que con este auto "no cambia nada" ya que el TSJM "sólo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo del asunto".
Desde la Puerta del Sol han informado de su disposición para la batalla legal: "Recurriremos no obstante en reposición la cautelar, toda vez que la Comunidad de Madrid ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio". Hay que recordar que Isabel Díaz Ayuso ya llamó anteriormente a este registro una "lista negra" de médicos.
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