En una conferencia de prensa ofrecida ayer en el hotel Oberland para la inauguración del encuentro organizado por la Corte Nacional Electoral (CNE) con los presidentes de las nueve cortes departamentales, el vocal de la CDE oriental José Antonio Ayala aclaró que la entidad electoral no fue la que llamó a la consulta y que dicha entidad presupone su legalidad.
“La Corte ha tomado una posición institucional apegada al principio de presunción de constitucionalidad, ése ha sido el argumento central de la Corte Departamental Electoral, porque no podemos desconocer una resolución de una autoridad electa (el prefecto Costas)”.
De esta forma, Ayala anticipó la posición de la representación cruceña que entre ayer y hoy justificará la decisión de poner en marcha el proceso electoral que, según el Ejecutivo y diversos constitucionalistas, viola la Constitución Política del Estado. Los representantes cruceños alertaron de que los vocales no pueden ser enjuiciados por el Poder Ejecutivo (ver recuadro).
En tanto, el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, comentó que, como ente electoral, “no nos corresponde interpretar si son legales o no son legales las resoluciones de la Corte Departamental de Santa Cruz”.
El martes 12, la máxima autoridad electoral dijo a La Prensa: “La Sala Plena analizará el proceso abierto en Santa Cruz. No tenemos el espíritu de frenar ninguna acción, sino analizar en qué medida se está enmarcando en la Constitución y las leyes. Asumimos que están actuando bajo estas premisas, pero oportunamente asumiremos las directrices que correspondan para este caso”.
Ayer, Exeni aclaró que “no podemos interpretar leyes, porque no es nuestra competencia; no podemos definir controversias constitucionales porque no es nuestra competencia; no somos quiénes para resolver estos conflictos”.
El Presidente de la CNE dijo que junto con los presidentes de las cortes va a “analizar los pasos que hay que dar hacia adelante, algunos pasos que ya se han dado en la CDE Santa Cruz; lo que viene en el caso de Tarija, Beni y Pando, que deben revisar las firmas”. En ese marco, aseguró que en el organismo electoral “no hay crisis”.
Evo dice que es ilegal
Una hora y media después, a las 10.30, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales tildó de antidemocrática e ilegal la determinación de la Corte Departamental de Santa Cruz tras avalar el proyecto autonómico que lleva adelante el Comité Cívico de esa región.
A pesar de que no quiso referirse al tema con más detenimiento, dijo que las autonomías están garantizadas en la nueva Constitución Política del Estado y que un proceder contrario a esta disposición solamente confunde al soberano. Pero los representantes cruceños se mantienen en su posición de organizar la compulsa.
El vocal Ayala rechazó la acusación del presidente Morales al sostener que esa instancia “no ha juzgado constitucionalidad ni legalidad, simplemente ha sustentado su decisión de orden constitucional”.
Su argumento se basa en la participación del ciudadano en hechos públicos porque se están “jugando derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos y esto no puede estar sujeto a ninguna restricción o limitación por parte de organismo electoral alguno”. Añadió que es un imperativo jurídico viabilizar el ejercicio de estos derechos a través de canales institucionales.
Sin embargo, el artículo 6 de la Ley del Referéndum advierte que “en tanto no exista un Gobierno Departamental electo por voto popular, el referéndum departamental será convocado por el Congreso Nacional por mayoría de votos de los presentes”.
La Prefectura, en cambio, entiende que, al haber sido elegido por voto popular en diciembre de 2005, el prefecto Costas está plenamente habilitado para hacer la convocatoria.
Los prefectos de Tarija, Mario Cossío, y de Beni, Ernesto Suárez, expresaron su intención de seguir los pasos del de Santa Cruz. Algo distinto ocurre en Pando, cuyo vocal Gonzalo Vargas adelantó que la CNE debe ser el ente que determine cuál camino se debe seguir.
Ministra pide enjuiciar a los vocales departamentales
El Gobierno del presidente Evo Morales, a través de la ministra de Justicia, Celima Torrico, advirtió que la Contraloría General de la República intervendrá si la Prefectura de Santa Cruz utiliza fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la organización del referéndum por el Estatuto Autonómico programado para el 4 de mayo. Además opinó que se debe abrir juicios de responsabilidades contra los vocales de la Corte Departamental Electoral (CDE) por aceptar la realización de la consulta popular pese a que ésta, según el Ejecutivo, es “ilegal e inconstitucional”.
De esta manera, la titular de Justicia ratificó la puesta en marcha de una ofensiva administrativa y judicial contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, quien el 1 de febrero llamó oficialmente a la compulsa electoral.
Según un despacho de la agencia ANF, Torrico manifestó en Santa Cruz que se debe investigar de dónde saldrán los recursos para financiar el referéndum por autonomía que impulsa ese departamento.
“Si la Prefectura del departamento llega a utilizar recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el referéndum, intervendrá la Contraloría”.
No obstante, dijo que el Ministerio de Justicia no intervendrá de ninguna manera en este proceso pero que se debe emprender un juicio de responsabilidades a los vocales de la Corte Departamental Electoral (CDE) por aceptar realizar un referéndum de manera ilegal.
Por su parte, el presidente de la Corte Departamental, Mario Orlando Parada, dijo que la Ministra de Justicia no conoce las leyes porque los vocales no gozan de caso de corte y, por tanto, no se los puede someter a un juicio de responsabilidades, pero sí se los puede enjuiciar por la vía penal o la civil.
Por su parte, el diputado del MAS Gustavo Torrico aclaró que el oficialismo sólo maneja como una alternativa la posibilidad de querellarse contra los involucrados en la consulta popular de Santa Cruz.
Durante una declaración ante La Prensa, el miércoles 13, antes de reunirse con el presidente Evo Morales, Torrico había dicho que el MAS maneja varias opciones para hacer frente a la ofensiva de los prefectos y cívicos de la “media luna” respecto de los referendos por los estatutos autonómicos.
Expertos dicen que la medida es un absurdo
Los constitucionalistas Benjamín Miguel Harb y José Luis Gutiérrez Sardán advirtieron que la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz ha incurrido en absurdo jurídico al haber aceptado administrar un referéndum departamental para validar sus estatutos autonómicos bajo el argumento de presunción constitucional.
Los analistas señalan que, en realidad, el Prefecto cruceño no fue elegido para el cargo sino seleccionado en las urnas para ser designado por el presidente Evo Morales como representante del Poder Ejecutivo en el departamento de Santa Cruz. Por ello, los expertos destacan que la autoridad no está habilitada para convocar a la consulta popular por los estatutos autonómicos.
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